Habrá un estado de excepción para aplastar movimientos sociales, dice el investigador
Se avizora en México un gobierno de corte militar, advierte Carlos Fazio
Durante un foro expresa solidaridad a comunidades opositoras al proyecto La Parota
El investigador Carlos Fazio advirtió ayer en la Cámara de Diputados que hay jueces que están haciendo política y que persiguen a la protesta social; advirtió que se avizora en México un nuevo modelo de gobierno de corte militar y de estado de excepción, destinado a aplastar los movimientos sociales. Es una fascistización del Estado, insistió.
Por su parte el diputado federal perredista José Antonio Almazán González señaló que los únicos beneficiarios con el proyecto de la presa de La Parota son trasnacionales, por ello el gobierno de Zeferino Torreblanca "ya tiene todo preparado" para el domingo próximo. "Han instalado un enorme campo de concentración para imponer una asamblea espuria" y presuntamente aprobar el proyecto entre las comunidades guerrerenses.
En el foro de análisis sobre la construcción de la presa La Parota, organizado por la fracción del PRD en el auditorio Heberto Castillo de San Lázaro, Carlos Fazio expresó su solidaridad con las comunidades indígenas que rechazan el proyecto, y exigió además la liberación de todos los presos políticos en el país, incluidos los de Atenco y Oaxaca.
También colaborador de esta casa editorial, Fazio advirtió sobre el proyecto en marcha de reingeniería de los cuerpos de seguridad del Estado, y consideró que el asesinato de José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), respondería no sólo a una estrategia del crimen organizado sino también a una recomposición de los mandos de las corporaciones policiacas. Y advirtió que si esa fascistización del Estado no se frena, dará lugar a "un Estado terrorista".
CFE oculta información: diputado perredista
En el caso de la presa de La Parota, el legislador Almazán González consideró que se trata de un proyecto oneroso de más de mil millones de dólares, bajo el esquema de inversión financiada, y denunció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por "ocultar información" ya que, añadió, "hay documentos sorprendentes que muestran la forma perversa de quienes buscan imponer a sangre y fuego la construcción de este proyecto que no beneficia al país ni a los que van a resultar afectados".
Responsabilizó a la compañía de electricidad de ocultar los resultados de los impactos ambientales y sociales, "porque quiere dar la apariencia de que es un proyecto limpio que no afecta al ambiente de la región ni los microsistemas ecológicos; que se van a resolver problemas, pero oculta información que la propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le entregó a la CFE. De ese tamaño están las cosas".
Y advirtió que este domingo no habrá posibilidad de que la asamblea "espuria" de ejidatarios y comuneros tenga éxito, a pesar del despliegue de policías estatales, federales y municipales. "Ha quedado demostrado que la gran mayoría de los ejidos y de las comunidades de toda esa vasta zona, en donde se quiere imponer el proyecto, lo rechazan porque saben que los van a expulsar de sus tierras. Y eso no lo vamos a permitir", concluyó.