Presenta versión preliminar del PND, en la que reitera muchas propuestas de campaña

Con desalentador diagnóstico, plantea Calderón los cinco ejes de su gobierno

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El gobierno del presidente Felipe Calderón busca atraer inversión "complementaria" a la del Estado en el sector energético, ampliar las opciones de contratación laboral -debido a que las actuales son "rígidas y sumamente costosas"-, incrementar la inversión privada en infraestructura y hacer un cambio hacendario "en todos los órdenes".

Así lo explica el documento preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), que entregó ayer a los presidentes y coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PASC, Nueva Alianza, PVEM y Convergencia, con los que se reunió en privado en la residencia oficial de Los Pinos. Ningún representante de PRD ni PT acudió.

El texto de 52 páginas reitera muchas de las propuestas de campaña de Calderón y parte de un desalentador diagnóstico sobre la situación del país en cinco ejes: estado de derecho y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia.

A la encerrona asistieron los dirigentes del PRI, Beatriz Paredes; del PAN, Manuel Espino; del PVEM, Jorge Emilio González; de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, y del PASC, Alberto Begné; el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, así como los líderes legislativos panistas Santiago Creel y Héctor Larios.

Por el Frente Amplio Progresista sólo acudió el secretario general adjunto de Convergencia, Manuel Carbonell. Por el gobierno federal: el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño; el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

González Torres, el senador priísta Carlos Aceves del Olmo y la diputada del PASC Marina Arvizu señalaron que seguramente cada partido hará ajustes según su agenda parlamentaria.

Las políticas públicas incluyen propuestas de reforma para favorecer la formación de mayorías y coaliciones partidarias, incrementar el producto interno bruto (PIB) más de lo registrado en dos décadas, así como fomentar la inversión en el sector de telecomunicaciones, eliminando barreras a la competencia y promoviendo la convergencia tecnológica.

De acuerdo con una copia del documento, el capítulo de estado de derecho hace una severa crítica al Sistema Nacional de Seguridad Pública -cuyo secretario general ejecutivo es el ex priísta Roberto Campa Cifrián-, al señalar que su acción es "limitada", no es un órgano de autoridad y tampoco ha sido suficiente para superar recelos sobre el respeto a la soberanía de estados y municipios.

En el caso de la policía, dice que tiene rezagos en su formación, falta de principios éticos y serias insuficiencias de recursos, por lo que plantea otorgar mayores fondos para su equipamiento y capacitación en los tres órdenes de gobierno.

De igual forma, defiende su propuesta de reforma en materia judicial -que será discutida en el Congreso de la Unión-, y señala que es necesario incrementar las penas para los delitos más graves, establecer un mando único de policía y un sistema de información criminalística.

La meta del sexenio consiste en impulsar la eficiencia de las empresas públicas del sector energético. Para ello ofrece "abrir las puertas" de la colaboración para el intercambio de tecnología y la comercialización de insumos energéticos.

Refiere que el sector laboral enfrenta problemas, como la existencia de "contratos rígidos que desincentivan la creación de empleos" en el sector formal y hacen costosa la contratación de nuevos empleados. Es por eso que propone "ampliar las opciones de contratación" para aumentar la ocupación, sobre todo para jóvenes y mujeres.

La reforma hacendaria, explica, debe servir para hacer frente a la volatilidad de los ingresos públicos, la reducida recaudación, las necesidades de erogaciones y el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica.

En cuanto a la inversión en infraestructura, plantea duplicarla en 2012 con respecto al porcentaje del PIB. Para ello promoverá mayores inversiones privadas en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

En el documento se reconoce que la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza patrimonial. Como muestra de la desigualdad indica que "el 10 por ciento más rico de la población recibe 35.6 del ingreso nacional total, mientras el 10 por ciento más pobre capta únicamente 1.6".

Para atender estos rezagos, propone dar continuidad a los programas sociales exitosos de los gobiernos priístas y foxista.

Frente al rezago educativo que enfrentan 30 millones de mexicanos, destaca que buscará asegurar la viabilidad operativa del sistema educativo mexicano a largo plazo, "promoviendo formas de financiamiento responsables y manteniendo una operación altamente eficiente".

Aunque afirma que México cuenta con una democracia "electoral sólida", cita cifras que plantean lo contrario: 44 por ciento no confía en la democracia como un sistema de gobierno efectivo para activar el desarrollo del país, tan sólo 54 por ciento considera que es preferible a cualquier otra forma de gobierno y 59 por ciento no está satisfecho de su funcionamiento.

Ante ello, ofrece favorecer la conciliación, el diálogo y la negociación con las fuerzas políticas y sociales que conforman la pluralidad nacional, así como participar, junto con los otros poderes de la Unión y demás actores políticos, en la discusión de reformas político-electorales que requiere el país.

Y si bien promete dar cumplimiento al decreto de austeridad, propone continuar con el gasto en campañas de difusión que aporten "información real" acerca del quehacer gubernamental.

Traza como objetivo sexenal fijar una política exterior "responsable, definida y activa", "recuperar" el liderazgo en América Latina para ser puente entre esta región y Norteamérica, buscar el establecimiento de mecanismos de cooperación en materia de migración con otros países expulsores de mano de obra.