El documento calderonista, "confuso y aberración jurídica": Maderas del Pueblo

Rechazan en Ocosingo decreto que expropia terrenos en la Lacandona

En ningún lado del texto oficial se señala la ubicación de la superficie en cuestión

HERMANN BELLINGHAUSEN

Preocupación y rechazo ha generado el nuevo decreto del gobierno calderonista por el que se expropia "por causa de utilidad pública" una superficie de 14 mil 96 hectáreas de temporal de uso común "en terrenos de la comunidad Zona Lacandona", en Ocosingo, Chiapas, "para destinarlos a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales, tendiente a la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los mismos".

Según el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo, la comunidad lacandona "manifestó su anuencia con la presente expropiación a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)". El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales asignó como valor unitario 4 mil 126 pesos por hectárea; de modo que el monto a cubrir por los terrenos expropiados es de 58 millones 164 mil pesos. El pago será hecho por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA).

Maderas del Pueblo, organismo que ha observado los avatares de la codiciada selva chiapaneca, considera que el decreto es "confuso", y representa "un absurdo técnico y político, y tal vez una aberración jurídica", dado que en ningún lado del texto oficial se señala la ubicación exacta de la superficie expropiada (con señalamiento de puntos y polígonos).

La expropiación beneficia económicamente a la comunidad lacandona, dueña legal de más de 500 mil hectáreas de selva desde 1971, mediante un decreto que les otorgó una extensión que nunca solicitaron. Desde entonces ese "latifundio" ha sido causa de problemas y presiones contra cualquier otra comunidad indígena fuera del grupo agraciado.

Sin precisar dónde se localiza la superficie expropiada, el nuevo decreto señala que ésta representa "una de las áreas de mayor presión sobre los recursos naturales", y argumenta que la "zona lacandona" es un sistema hidrológico que abarca 53 por ciento de la cuenca del río Usumacinta, que junto con la del Grijalva es la más extensa de México, con un escurrimiento medio anual de 85 billones de metros cúbicos. Esto representa el 30 por ciento de los recursos hidrológicos superficiales del país y genera el 56 por ciento de la energía hidroeléctrica nacional.

El decreto calderonista no precisa qué terrenos pagará el nuevo y jugoso cheque para la dócil comunidad lacandona, pero Maderas del Pueblo presume, "de muy buena fuente" que se trata de la zona conocida como La Estrella, cerca de Amador Hernández y Pichucalco. Parte importante es nubliselva (zona de montañas) y las 14 mil hectáreas "están regadas en 14 polígonos (no uno solo)", una parte dentro de Montes Azules y otra parte fuera, en las cañadas.

Hay versiones gubernamentales de que la expropiación fue convenida con la Aric Independiente, que tiene seguidores en el área, y con los lacandones. Según estas versiones, con la comunidad lacandona se acordó que, de 15 polígonos resultantes de la cuarta ejecución (1988-1989) se les quedará al final uno solo, y los otros 14 se regularizarían en favor de los poblados posesionarios.

Para Maderas del Pueblo, "el decreto no sería para crear una nueva área natural protegida (jurídica y técnicamente no está claro, debido a la dispersión de los 14 pequeños polígonos), sino sólo de asignación de usos y destino (terrenos nacionales bajo tutela de Semarnat, con fines de conservación).

Sobre la declaración de SRA acerca de los poblados irregularizables de Aric-I, Maderas del Pueblo niega que exista un dictamen de Semarnat al respecto. Al parecer, la expropiación fue "maniobra y madruguete de la dependencia, para confrontar a la comunidad lacandona con la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas".

La versión oficial es que los indígenas "decidieron, en el seno de sus asambleas, que el gobierno se haga cargo de sus tierras, aunque se les reubique en otro lugar". Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente, ha declarado que la "decisión" de los lacandones garantizará "protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las riquezas con que cuenta la región".

El funcionario señaló que los indígenas de la zona podrán seguir inscribiéndose en programas gubernamentales como Proárbol, por medio del cual el Ejecutivo otorga apoyo económico a los campesinos que conserven y restauren porciones de bosque. Elvira indicó que en coordinación con SRA, el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas "se trabaja en la reubicación de las comunidades que habitan la zona expropiada".

En un comunicado, los asesores del Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch) manifiestan que "el gobierno usurpador decretó la expropiación de más de 16 mil hectáreas de manchones, so pretexto de demasías", en ejidos adyacentes, externos a la porción oeste de Montes Azules, en la región Candelaria-Amador Hernández.

"Esta locura, que materialmente no tiene sentido ambiental ni conexión biológica, además de carecer de requisitos de consulta y dictamen previos es una provocación calculada dentro de un plan mayor. He ahí la explicación del extraordinario número de demasías levantadas por la SRA durante 2005 y 2006 en Chiapas. Seguramente otros decretos semejantes estarán en puerta". Se confirmaría así "que el entramado agrario que operan funcionarios de SRA aliados al cacique Pedro Chulín (dirigente de la priísta y paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, Opddic) es parte de un plan mucho más amplio".

Compitch subraya "la traición de la comunidad lacandona, o de su asesoría, al recibir dinero -indemnización- para legalizar una expropiación de tierras que hacía décadas ya no consideraba suyas por haberlas regularizado entonces la autoridad agraria, habida cuenta que (los lacandones) nunca las caminaron, ni siquiera las pidieron".