Reconoce el procurador mexiquense que los sentenciados a 67 años no son peligrosos

Demandan a Calderón que se libere a líderes y pobladores de Atenco presos

EMIR OLIVARES, RENE RAMON ALVARADO

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigió al presidente Felipe Calderón un "diálogo público" para que sean liberados los 29 detenidos a raíz de la incursión policiaca a San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, así como una solución para que se revoque la sentencia de 67 años de prisión a tres de los líderes del movimiento, "ya que no hay argumentos que la justifiquen".

Integrantes del FPDT y de organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, adherentes a la otra campaña, estudiantes de la UNAM, entre otros, marcharon la tarde de ayer del Angel de la Independencia a Los Pinos con el propósito de entregar un documento dirigido al mandatario federal, en el que además demandan el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de líderes del movimiento que se encuentran escondidos, castigo a los autores materiales e intelectuales "de la represión de Estado" y la salida de la policía estatal del municipio.

"Que dé solución al presente conflicto, ya que no hay argumentos que justifiquen la injusta sentencia en contra de Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, ni la reclusión de 26 compañeros presos. (Calderón) no puede eximir su responsabilidad como actual gobernante del país", refiere el documento entregado por el FPDT a Luis Arturo Matus, quien dijo ser encargado de Atención Ciudadana de la Presidencia.

"Como FPDT no permitiremos que nuestros compañeros permanezcan ni un momento más en las cárceles; los queremos de vuelta en las tierras que defendimos juntos hace seis años, y no descansaremos hasta verlos libres, porque las rejas no callarán nuestro grito por su libertad", señalan en el texto.

Pese a que se presentó la lluvia, ésta no impidió que poco más de mil manifestantes marcharan sobre Paseo de la Reforma hasta la calzada Chivatito, donde los esperaban grandes vallas y decenas de granaderos y elementos del Estado Mayor Presidencial. Ahí, los inconformes solicitaron el ingreso de una comisión de 10 personas a la residencia oficial de Los Pinos, a lo que las autoridades respondieron que se dejaría acceder sólo a cinco representantes, por lo que el FPDT decidió no ingresar y sólo entregar en ese lugar el documento.

Trinidad Ramírez, esposa del líder más visible del frente, Ignacio del Valle, advirtió a las autoridades federales y del estado de México que aunque deseen retomar el proyecto del aeropuerto alterno de la ciudad de México en la zona de Texcoco, "nuestras tierras no están a negociación".

En tanto, en Atenco, tanto el FPDT y otras organizaciones sociales decidieron conformar el Frente Nacional por la Libertad de Presos Políticos del País, el cual será constituido oficialmente el próximo sábado durante una asamblea que se llevará a cabo en el municipio.

Ana María, integrante del FPDT, informó que continuarán con las movilizaciones en repudio a la sentencia condenatoria de 67 años contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo.

Aseguró que los tres sentenciados se convirtieron en presos políticos de los gobiernos federal y estatal después de que la abogada Bárbara Zamora demostró que el presunto delito de secuestro equiparado no procedía legalmente, porque el supuesto afectado, el funcionario estatal Rosendo Rebolledo, "no reconoció como secuestradores a los sentenciados".

En Toluca, el procurador de Justicia mexiquense, Abel Villicaña Estrada, informó que es posible que los tres líderes del movimiento de San Salvador Atenco sean trasladados del penal federal del Altiplano a otro centro de reclusión, por no ser considerados peligrosos.

"Esta situación no es definitiva, porque está interpuesto el recurso de apelación por parte de la defensa, y en este momento el caso está sujeto a la determinación que tomen los integrantes de la sala penal a la que corresponde conocer de este asunto", dijo el funcionario en declaraciones a la agencia Notimex.

Destacó que los sentenciados todavía tienen derecho al juicio de amparo contra esa resolución, en caso de que les sea desfavorable. "Una vez que la sentencia sea firme y haya causado ejecutoria, será cuando se determine el lugar donde deben compurgar la pena", concluyó.