Juristas conformarán una red nacional en contra de la nueva Ley del ISSSTE
Conceden a burócratas las primeras 2 mil suspensiones provisionales
El juez federal auxiliar habilitado por el Consejo de la Judicatura para revisar los amparos tramitados por burócratas contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó las primeras 2 mil suspensiones provisionales para que no se les apliquen las reformas recientemente aprobadas en tanto resuelve una suspensión definitiva; además, determinó que los promoventes mantienen su derecho a los servicios de salud y seguridad social.
Después, el juez José Manuel Villela determinará si concede o no la suspensión definitiva a los quejosos, a efecto de que las recientes reformas a la Ley del ISSSTE no se les apliquen hasta que los juicios se resuelvan en definitiva.
Miguel Angel Yunes Linares, director del ISSSTE, ha sido duramente criticado luego que recientemente advirtió que los trabajadores que solicitan amparos en contra de la nueva ley podrían perder los derechos a los servicios y prestaciones que les ofrece el instituto, incluido el servicio médico.
Los pasados días 10 y 11 de este mes, el juzgador informó que admitió las primeras 2 mil demandas de amparo, que acumuló en 20 expedientes (100 demandas por cada uno), y fijó para el 17 de septiembre próximo el inicio de las audiencias incidentales y el primer día de octubre como el del inicio de las constitucionales.
En su acuerdo, Villela refiere que los poderes Ejecutivo y Legislativo cuentan con ocho días antes de la audiencia constitucional para presentar sus informes justificados.
Por otra parte, ante la inusitada cantidad de demandas de amparo que se han solicitado en los juzgados federales de trabajo y el auxiliar, ayer grupos de abogados dieron los primeros pasos para constituir una red nacional de juristas en contra de la Ley del ISSSTE y acordaron solicitar este lunes un encuentro oficial con el juez especial José Manuel Villela Ayala, a quien podrían solicitarle la comparecencia, en calidad de testigos, del director del instituto, Miguel Angel Yunes, y el dirigente de los burócratas, Joel Ayala.
El presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), Eduardo Miranda, informó que ante la cantidad histórica de recursos legales que los trabajadores han promovido en las instancias en materia de trabajo del Consejo de la Judicatura Federal, "los despachos hemos sido rebasados, por lo que eventualmente corremos el peligro de quedar desprotegidos por la falta de abogados".
Como medida preventiva a esta situación, Miranda Esquivel dijo que se pretende unificar en un solo movimiento a los litigantes del país para luchar jurídicamente contra la Ley del ISSSTE. Esta red nacional de juristas buscaría tener un encuentro el próximo 9 de junio, con la presencia de abogados que se han distinguido en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Agregó que buscarán reunirse formalmente con el juez auxiliar Villela Ayala "para que haya un acercamiento que permita una aplicación pronta y expedita de la justicia"; solicitarle que comparezcan el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, y el titular del ISSSTE, Yunes Linares, "para ver si siguen sosteniendo sus declaraciones de las bondades de la ley y que encaren el cuestionamiento que les haría la parte demandante".
"Es posible que podamos solicitar informes y testimonial de personas vinculadas con los hechos, dado que ellos dicen que la ley es bondadosa; nosotros los podríamos citar como testigos, además de que vamos a solicitar un padrón actualizado de los afiliados y cotizantes del ISSSTE", mencionó el jurista.
En entrevista, externó la preocupación que impera entre los abogados -que apoyan gratuitamente a los trabajadores en la integración de demandas de amparos- en torno a la creación del juzgado auxiliar, ya que "coincidimos" que "nos parece que es inconstitucional que el Consejo de la Judicatura se haya tomado atribuciones constitucionales que no le correspondían".
Pese a esto, agregó que en la UJM "consideramos que sería inoportuno demandar la inconstitucionalidad de este juzgado, dado que no queremos provocar dilación en el estudio y solución del conflicto. Por lo pronto, nada más fijaremos una postura pública en el sentido de que no nos parece cómo estarían tratando este caso".
En los próximos días, continuó el abogado, para facilitar el ofrecimiento y desahogo de pruebas "vamos a solicitar la acumulación de todos los expedientes en el primero que haya conocido el nuevo juzgado".
En tanto, alrededor de mil 500 trabajadores de hospitales federales, institutos nacionales de salud y centros de salud de la capital presentarán entre hoy y mañana sus demandas de amparo. Los inconformes señalaron que son apenas uno de varios grupos de trabajadores del sector salud que se han organizado con este fin.