Criminalización de la protesta social
Durante la precipitada aprobación de los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal el pasado 26 de abril en el Senado, con los que sobre todo se obsequiaron los deseos de política exterior del actual gobierno de Estados Unidos y se tipificó y sancionó con severidad el delito de terrorismo, hubo voces que alertaron de que con ello se estaba también de pilón legalizando la criminalización de la protesta social. Tanto es así que al día siguiente los coordinadores de los partidos políticos se comprometieron por escrito -algunos sorprendidos- a realizar una reforma en un próximo periodo extraordinario de sesiones, a finales de este mes o a principios de junio.
Bastaría, en efecto, que en una manifestación pacífica se suscitaran o se provocaran, como muchas veces suele desgraciadamente suceder, actos de violencia, incluso de parte de las autoridades, para que enseguida sus miembros fueran condenados como terroristas, pues el artículo modificado considera como tales a cualesquiera ciudadanos que pretendan "presionar a la autoridad para que tome alguna determinación", utilizando "cualquier otro medio violento", que no está especificado en la mencionada reforma.
Todo esto viene de nuevo oportunamente a cuento porque el pasado miércoles la misión civil de observación (MCO) que acudió el fin de semana a San Juan Grande, municipio de Acapulco, para verificar el procedimiento de la presunta asamblea agraria, en la que según el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la construcción de la presa La Parota, en predios de Cacahuatepec, Guerrero, se intentaría por enésima vez legitimar la expropiación de tierras de los comuneros, expresó su preocupación de que, con el falso argumento de violencia por parte de los opositores, se justifiquen actos de hostigamiento, amenazas y represión por parte de las autoridades. Cuanto más que el 14 de agosto de 2005 se pretendió ya realizar con el mismo propósito una asamblea general de bienes comunales, que terminó precisamente en actos de violencia, más que nada por la abrumadora presencia, intimidaciones y hostigamiento de fuerzas policiacas municipales estatales y federales.
Como ya había sucedido en otras ocasiones, esta vez la MCO, conformada por 36 miembros de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales, comprobó igualmente que el comisariado convocó a la asamblea en un sitio diferente al reconocido por los usos y costumbres de los comuneros, y no pegó la convocatoria en los lugares más visibles de los bienes comunales, como exige el artículo 25 de la Ley Agraria. Verificó además que contrariamente a lo que prescribe la ley, no se instaló la mesa de registro, porque el comisariado no llevaba consigo el padrón oficial de comuneros.
Ello no obstante, la autoridad agraria solicitó que se iniciara el registro, y sólo dos personas se inscribieron, sin ninguna identificación o documento que los acreditara como comuneros. Pero lo que más inquietó a los integrantes de la MCO fue que al retirarse el comisariado, luego de dar formalmente por suspendida la asamblea por falta de quórum, firmó y pegó por el camino una segunda convocatoria a otra asamblea el próximo 20 de mayo, señalando como causa de la anulación de la primera "actos de violencia".
La MCO, impulsada por 47 organizaciones de la sociedad civil y redes nacionales e internacionales, expresa también por ello su preocupación de que esa primera asamblea no fue organizada de buena fe, y de que además de poder tener como objetivo el desgastar al movimiento opositor a la presa, se quiera igualmente criminalizarlo, y con ello justificar el posible uso posterior de violencia y represión. "Constatamos -afirma enfáticamente- que no hubo violencia por parte de ninguno de los grupos que participaron (en la asamblea del 6 de mayo), y que el movimiento opositor ha seguido con su lucha pacífica y legal en la defensa de sus derechos como pueblos".
Demandan, por el contrario, con razón, que se garantice información completa, exacta e imparcial sobre el proyecto, así como sobre las indemnizaciones disponibles a las comunidades afectadas por la posible construcción de la presa y, desde luego, que los opositores puedan realizar sus protestas legítimas sin sufrir amenazas ni intermediaciones.
De construirse la presa, de acuerdo con los opositores al proyecto (comuneros y organizaciones civiles de derechos humanos), se inundarán 17 mil hectáreas, incluyendo tierras de cultivo, carreteras y puentes, en las que se encuentran 21 comunidades. Se desalojaría además a 25 mil personas, en razón de las inundaciones. Fue por ello que en mayo de 2006 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al gobierno mexicano que consulte a las comunidades campesinas e indígenas que puedan resultar afectadas por la construcción de la presa. Le demandó igualmente que garantice su consentimiento informado en cualquier decisión que les afecte. Un juez además determinó ya detener los procesos de construcción de la presa, debido a la oposición de cuatro grupos sociales involucrados en la propiedad de los predios.