Agua y seguridad nacional
La "integración bélica", que incluye contingencias para la "ocupación militar" directa de México y Canadá y el estado de excepción y sus esquemas de seguridad policial, penal y judicial auspiciados por Estados Unidos con el pretexto de la "guerra antiterrorista", tiene como telón de fondo el creciente repudio de la población ante diseños que, respondiendo a los intereses empresariales de EU y los de las oligarquías subordinadas de México y Canadá, resultan social, económica y ambientalmente depredadores.
La legislación penal aprobada por el Congreso mexicano bajo impulso del "antiterrorismo" de Bush es parte de una ofensiva ante la resistencia al despojo de la tierra -Atenco-, la privatización y mercantilización de servicios vitales, educación, agua, electricidad, seguridad social, etcétera, y de toda la infraestructura de comunicaciones terrestres -supercarreteras, puentes-, marítimas, aeroportuarias y "fronterizas" y su "manejo" migratorio (muros, campos de "detención").
Con el pretexto de la "continentalización" de los recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos por medio de complejos "corredores del TLCAN" y la "integración profunda" de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, entes tipo Goldman Sachs, Grupo Carlyle o el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesan en la infraestructura de "los corredores de la América del Norte" incluyendo el agua, tanto la de Canadá como la del sur de México.
En Canadá docenas de grupos sindicales, sociales y ambientales advirtieron esto al dar a conocer documentos de circulación restringida del Proyecto Futuro de Norteamérica 2025, del Foro de Calgary (Louis-Gilles Francoeur, Preventing Massive Water Transfers, Le Devoir, 26/4/07), una reunión a puertas cerradas, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos con el Conference Board de Canadá y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.
Bajo el renglón de "El futuro medioambiental de América del Norte", se abordaron el "consumo de agua", "las transferencias de agua" y el "desvío humano" (human deflection) de grandes cantidades del vital líquido. Objetivo: impulsar "el manejo óptimo acordado del agua disponible" de "Norteamérica". Los ambientalistas recuerdan que, según el TLCAN, "el agua se convierte en un bien comercial tan pronto sea objeto, aunque sea por una sola vez, de una transacción financiera entre interesados de diferentes países. Después de eso, ningún gobierno será capaz de regularla de nuevo sin que se le acuse formalmente de obstaculizar el libre comercio". En los últimos años varios especialistas han confirmado que el gobierno de Canadá perdería su jurisdicción sobre el manejo de su agua a favor de empresas que van a explotar comercialmente el recurso.
Gian Carlo Delgado, en su preciso y actual libro Agua y seguridad nacional (Arena, 2005), al analizar ambiciosos esquemas, como por ejemplo la Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), preparado por la empresa de ingeniería Ralph M. Parsons, (pp 95-121), llamó la atención sobre indicios de que Estados Unidos, ante una aguda crisis de agua, se preparaba para lanzarse sobre los recursos acuíferos de Canadá, como indicaba el mismo hecho de que el gobierno canadiense cedió a la presión estadunidense cuando no excluyó del TLCAN las ventas de agua en grandes cantidades.
El esquema, en su totalidad, afecta a México por la "geopolítica hídrica" que despliega Estados Unidos del Bravo hasta América Central, analizada por Delgado y también porque los tres gobiernos tratan de usar el Foro del CSIS como plataforma para la elaboración de un gran diseño (master plan) que sirva de guía para "la infraestructura fronteriza y los sistemas de logística", relacionados, además del agua, "con la movilidad laboral, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la competitividad". La idea es que el informe resultante del Foro sea revisado dos veces por los tres gobiernos antes de ser oficialmente "legalizado" con miras a definir e impactar las políticas en esos rubros, sin ninguna discusión pública o participación de la sociedad. Tanto lo que respecta al agua como a su compleja relación e infraestructura transfronteriza, el asunto no es nuevo ni menor. Según Parsons, su proyecto -un magno negocio sobre una vasta infraestructura o "corredor", con un costo estimado en la década de 1970 en 130 mil millones de dólares- ofrecería a Estados Unidos "unos 100 años de abastecimiento de agua y cerca de 223 mil 500 kilómetros cuadrados de tierras irrigadas que conformarían un cinturón agrícola de Canadá al norte de México", permitiendo "una ampliación del cinturón cerealero-algodonero-del centro-este y sureste de EU" (p109-110), tema nodal de política internacional.
Ya se advierten huellas de operaciones "especiales" para justificar "otro recorte territorial" del país. Desde 1994 un Briefing Paper del Pentágono liberado por la Ley de Información, dice que "sería concebible que el desplazamiento de tropas de Estados Unidos a México fuera visto favorablemente si el gobierno mexicano tuviera que enfrentar la amenaza de ser derrocado como resultado de un caos económico y social amplio".
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