No cubriremos a nadie del gobierno de Fox, garantizan
Llegaremos a la verdad histórica del fraude, aseguran PRI, PAN y PRD
Los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados se comprometieron ayer a encontrar "la verdad histórica" en el manejo que el gobierno de Vicente Fox hizo de los recursos recabados por Derechos de Trámite Aduanero (DTA), que fueron ingresados al fideicomiso Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), y que la pasada administración operó como si se tratara de recursos privados.
El presidente de la comisión especial que investigará a ISOSA, Pablo Trejo Pérez, aseguró que los diputados llevarán a cabo "un trabajo serio de investigación, que utilizará principios de objetividad, imparcialidad y certeza jurídica" y anticipó que solicitarán una reunión de trabajo con el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, así como con ex funcionarios que conocieron los manejos de aquella entidad.
Su compañero de bancada Hugo Eduardo Martínez dijo que si bien la comisión no determinará la probable responsabilidad de funcionarios públicos involucrados, "sí determinará los elementos básicos para encontrar a los responsables. Que la gente sepa qué sucedió, quiénes y por qué lo hicieron. Porque esto no es de uno, son varios los que están mezclados y no vamos a cubrir a nadie".
Durante la primera reunión de trabajo, a la que sólo llegaron seis de los 10 integrantes de la comisión, el responsable del área jurídica del comité nacional del PRI y diputado, Raúl Cervantes, planteó un control de la información obtenida por los legisladores para no entregarla a los reporteros, si no es "en base a los instrumentos legales".
El priísta insistió, inclusive, en presentar una propuesta técnica de trabajo de la comisión para "no incurrir en un pronunciamiento político" de la comisión sobre el caso y presentar, al final, un "pronunciamiento técnico" de los resultados de las investigaciones de la comisión.
También consideró que el análisis de la información debería realizarse desde tres vías: si existe o no responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, si el resultado encuadra en un tipo penal contra éstos y "analizar fría y tranquilamente si se incurrió en responsabilidad de juicio político".
Sin embargo, su mayor preocupación se centró en el manejo público de la información. "Puede haber diferencia de criterio en el análisis de las pruebas pero antes de hacer una incriminación o peor, una exoneración, aquí vamos a ver si las conductas del manejo del dinero fueron adecuados", dijo.
El diputado panista Ricardo Rodríguez afirmó que las conclusiones de la comisión tendrán que ser objetivas "y no tienen que ser bajo una lógica mediática".