La propuesta endurece los requisitos para las escuelas
Presentan iniciativa para evitar la privatización educativa
Para evitar que la educación se convierta en un negocio de instituciones privadas y garantizar una verdadera formación académica para los estudiantes, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sergio Hernández Hernández propuso una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación.
El legislador plantea que en esta ley se contemple que las instituciones particulares que no cuenten con autorización ni reconocimiento de validez oficial se les prohíba funcionar, así como llevar a cabo la expedición de diplomas, títulos, grados o cualquier documento que certifique los estudios.
Asimismo, sugiere en su iniciativa que toda persona moral o física que sea titular de un establecimiento educativo con autorización o validez oficial, esté obligado a informar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la venta, cesión o fusión con otra institución de la que sea objeto, así como de cualquier modificación a su denominación.
La propuesta legislativa prevé que ninguna institución de educación particular podrá operar en edificios públicos, ni recibir recursos del erario para el cumplimiento de su objetivo.
Establece que las instituciones privadas deberán vincular la educación impartida con la investigación, ciencia y tecnología, además de estar obligadas a invertir en dichas áreas.
Al mismo tiempo, tendrán que proporcionar y garantizar instrucción de calidad y establecer políticas de evaluación y acreditación de los programas, del personal académico y de los servicios que ofrecen.
El diputado Sergio Hernández Hernández subrayó que la iniciativa pretende evitar la utilización que algunas instituciones privadas de educación hacen de espacios y edificios públicos, cuya acción realizan en contubernio con las autoridades responsables de dichos inmuebles.
Agregó que "en el país respetamos y respetaremos en todo momento el derecho de los particulares para impartir educación en sus diferentes modalidades, tal como lo dispone el artículo tercero constitucional, sin embargo, el Estado, por ningún motivo, puede abstenerse de fijar los lineamientos con los cuales deberá prestarse el servicio por parte de particulares".