Impide la entrega de terrenos a especuladores inmobiliarios
Detiene tribunal proyecto vial en el cerro de la Silla
El gobierno de NL debe esperar a que se resuelva un amparo: abogado
Ampliar la imagen
Vista del cerro de la Silla, lugar emblemático de Nuevo León, cuyo gobierno sufrió un revés jurídico por parte de un tribunal que le impide entregar terrenos a especuladores inmobiliarios
Foto: David Carrizales
Monterrey, NL, 6 de mayo. Los magistrados del segundo tribunal colegiado del cuarto circuito decidieron impedir que el gobierno de Nuevo León entregue a un grupo de especuladores inmobiliarios 2 mil 955 hectáreas del área natural protegida cerro de la Silla, informó Rigoberto Dávila Salinas, asesor legal de la Asociación de Vecinos de La Tinaja.
Los colonos, quienes han usado esas tierras para pastoreo por 10 generaciones, se oponen a la construcción de viviendas, zonas comerciales, un túnel en el cerro de la Silla y un eje vial de 19.8 kilómetros, dijo el abogado.
Dávila Salinas agregó que los magistrados José Elías Benítez, Hugo Alejandro Bermúdez Manrique y José Carlos Rodríguez Navarro rechazaron por unanimidad un recurso de revisión presentado el 28 de noviembre de 2006 por el gobernador José Natividad González Parás, por conducto del abogado César Luis Aranda Garza.
Con dicho recurso -afirmó Dávila-, el gobernador, quien afirmaba que los promoventes no tenían interés jurídico, pretendió anular una suspensión definitiva otorgada por el juzgado segundo de distrito en favor de los comuneros de La Tinaja, que se resistieron al decreto de disolución de las copropiedades rurales Potrero del Mezcal, Rincón de las Cañitas y Cerro de la Silla, expedido por el Ejecutivo estatal el 20 de mayo de 2005 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de junio del mismo año.
El decreto del gobernador reconoció derechos de copropiedad rural a 91 personas, entre ellas constructores de viviendas, políticos, notarios públicos y funcionarios judiciales, pero dejó fuera a los verdaderos vecinos de la zona, que desean mantener la zona del cerro de la Silla como reserva natural, dijo Dávila Salinas.
Entre los beneficiados por el gobernador destacan el juez sexto penal de Monterrey, Leonel Cisneros Garza; el ex diputado federal y actual secretario del ayuntamiento de Ciudad Guadalupe, Alfonso Rodríguez Ochoa; el restaurantero José Luz Garza Garza, y el desarrollador inmobiliario Fernando Garza Barba.
De haber procedido el recurso de González Parás, señaló Dávila, ''ya se estarían entregando las escrituras a los especuladores, pero gracias a la verticalidad de los magistrados, el gobernador no podrá mover ni un milímetro de tierra mientras no se resuelva el fondo del amparo, que analiza el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, y dictará su fallo una vez que se desahoguen pruebas de inspección, periciales y testimoniales''.
El litigante confió que en dichas diligencias confirmarán que sus representados son quienes realmente ocupan predios en la sierra cerro de la Silla, pero no para quedarse con ellos, como pretenden los ''influyentes'' apoyados por el gobernador.
Calificó de ''sospechoso'' el interés de González Parás en interponer el recurso de revisión en nombre de particulares, lo cual podría violar la Ley de Responsabilidades, pues los interesados debieron defenderse solos.
Recordó que algunos de quienes dicen ser copropietarios rurales ya intentaron que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) les vendiera los predios, y como la delegación de la dependencia en Nuevo León les respondió que eran terrenos nacionales que no podían enajenarse, acudieron a la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno estatal a pedir la disolución de la copropiedad rural, a fin de que les concedieran títulos individuales de propiedad.
De acuerdo con la delegación estatal de la SRA, hubo varias solicitudes para regularizar los terrenos, pero resultaron improcedentes y se determinó que ''toda esa área no era susceptible de apropiación privada''.