Ciudad Perdida
Un problema que se dejó crecer
En febrero se sabía de 30 crímenes, hoy llegan a 60
Antreros, prostitutas y hoteleros, coctel mortal
En febrero pasado, en este espacio comentamos sobre una serie de crímenes, no muy extraños pero sí constantes, que se han perpetrado en esta capital, cuya autoría, según adelantamos también, iba de la mano de un grupo de prostitutas y dueños de antros que narcotizan a sus víctimas para despojarlos de algunos de sus bienes.
Entonces señalamos que existían indicios de que estos homicidios, más de 30, se guardaban con el silencio más absoluto por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Nos enteramos gracias a una plática de un perito de la propia PGJDF, quien no sabía que en su entorno había un periodista. Nos refería entonces, en la segunda semana de febrero, los mismos datos que hoy se empiezan a manejar de manera oficial por parte del procurador, con algunos matices.
Un taxista nos narró por aquellos días cómo él había llevado a dos mujeres y un hombre a recorrer los antros de la Zona Rosa, donde las tarjetas de crédito de la víctima, que se hallaba inconciente en un hotel, eran planchadas una y otra vez por aquel trío.
Se ha empezado a manejar el asunto con tintes que sobrepasan la imaginación, pero que ya advertía el funcionario de la procu del DF. El problema es de mayor magnitud que el de la mataviejitas. Si en febrero se habían documentado más de 30 muertes, el asunto llega ahora hasta los 60.
Vale la pena explicarlo porque nada se ha hecho más que las denuncias periodísticas, y ahora por la confesión por parte de las autoridades debido al tamaño del problema.
Es más que sabido cuáles son los antros que se dedican a extorsionar a quienes caen en ellos, donde se ejerce la prostitución abiertamente y se narcotiza a los clientes con gotas para los ojos que producen, combinadas con alcohol, la pérdida del conocimiento y hasta la muerte por infarto, según reconoce la propia PGJDF.
Lo grave de todo esto es que no existe ningún indicio de que las autoridades pretendan clausurar, de una vez por todas, los antros donde estos hechos ocurren, aunque, como ya señalamos, son bien conocidos y trabajan con plena impunidad.
La primera denuncia que se presentó ante el Ministerio Público la hizo un turista extranjero, cuyo hecho no ponía en riesgo la seguridad de su familia, como sucede a casi todos los que han sobrevivido a la experiencia, y que viven en esta ciudad.
Según esa información, se dio el nombre del antro y la media filiación, como se dice en el ámbito de la investigación policiaca, pero hasta donde nos enteramos no fue mucho lo que pasó. Los antros siguieron recibiendo las tarjetas con firmas apócrifas, los relojes, las cadenas, los teléfonos celulares y las carteras, desde luego, que desaparecían de las manos de sus dueños mientras estos dormían sueños agónicos.
Es la Zona Rosa, principalmente, donde esta práctica se ha convertido en una forma cotidiana de estafar a los usuarios de esos comercios. Lo saben las autoridades que ahora dicen conocer el problema, pero no aparece, por ningún lado, la voluntad de frenarlo.
De esa forma, de nada vale que se reconozca el tamaño de la atrocidad si no hay un plan bien definido para impedir que siga ocurriendo. Habrá quien diga, por ejemplo el procurador, que ya se dio el primer paso, pero eso, a todas luces, no basta. La muerte de hombres "solos" en los hoteles de paso siguen ocurriendo y los antros de la Zona Rosa continúan robando sin castigo.
La pregunta entonces es obligada: ¿Por qué se niegan las autoridades, desde el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, hasta el procurador, Rodolfo Félix, a cerrar o expropiar esos peligrosos lugares? La respuesta está en sus manos. Y urge.