A salvo, garantías individuales, concluye
Acuerda la CDHDF no objetar reforma que permite legrados
Ampliar la imagen El ombudsman Emilio Alvarez Icaza y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se comprometieron ayer a elaborar un diagnóstico y el programa de derechos humanos en el Distrito Federal Foto: Carlos Ramos Mamahua
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por la despenalización del aborto, ya que las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa "no imponen una conducta, sólo hacen posible una decisión individual" que es congruente con el sistema de libertades que establece la Constitución.
Dicha determinación fue tomada por el consejo del organismo durante su sesión de ayer.
En días pasados, legisladores y dirigentes locales del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, ejerciera "la acción de inconstitucionalidad" al esgrimir que la despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación "contravenía" garantías establecidas en la Carta Magna; sin embargo, los 11 integrantes del consejo acordaron rechazar dicha petición, ya que las modificaciones realizadas tanto al Código Penal como a la Ley de Salud locales, "no vulneran" derecho humano alguno.
Incluso los consejeros de la CDHDF establecieron que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa son congruentes con recomendaciones formuladas por organismos internacionales al Estado mexicano, como "el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer", que el año pasado exhortó a abolir las medidas punitivas en contra de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, además de garantizar los servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley.
Minutos antes de que iniciara la sesión de consejo, el ombusdman, Emilio Alvarez Icaza -quien en ese momento se negó a pronunciarse sobre el sentido de la decisión que tomarían horas después los 11 integrantes del consejo, "ya que no podía hablar a nombre de un órgano colegiado"-, dijo que los médicos que pretendan negarse a practicar la interrupción del embarazo, con el argumento de la "objeción de conciencia", deben de estar concientes de que "es una responsabilidad del Estado" garantizar los servicios sanitarios contemplados en la Ley de Salud.
"La regulación es clara y específica sobre el particular, es un tema que será motivo de controversia, pero aquí lo indispensable es reconocer que se trata de una obligación del Estado, no de si una persona quiere o no quiere".
Luego de conocer la resolución de la CDHDF, el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal calificó de lamentable la decisión.
Mediante un comunicado que emitió anoche ese instituto político, indicó que solicitará al ombudsman una explicación respecto de los argumentos que sustentaron la negativa a promover la acción de inconstitucionalidad.