En 2005 las irregularidades ascendieron a $2 mil 813.1 millones, concluyen ASF y diputados
En estados y municipios, la mayor opacidad e impunidad en manejo de fondos federales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados concluyeron que las áreas de mayor opacidad e impunidad en el manejo irregular de los recursos federales se encuentran en los estados y municipios, que en 2005 recibieron transferencias equivalentes a 27 por ciento del gasto federal programable.
El impacto de las irregularidades cometidas por los gobiernos estatales contra las finanzas públicas ascendió en ese año a 2 mil 813.1 millones de pesos, y un estudio de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados asegura que probablemente puedan recuperarse mil 960.5 millones. De tal forma, se considera imposible recuperar 852. 6 millones.
Durante la primera reunión de análisis de la Cuenta Pública 2005, la diputada panista Alma Eduviges Alcaraz Hernández, secretaria de la comisión, afirmó que las contadurías estatales tienen "una dependencia exagerada" de los gobernadores, por lo que se encubren irregularidades en el manejo del gasto. "Esta impunidad nos consta, es completa. Refleja la resistencia al cambio y a la transparencia, por lo que debemos tomar medidas fuertes y tajantes al respecto", expresó.
Roberto Michel, jefe de la Unidad de Evaluación y Control, aseguró que desde 2002 se mantiene la tendencia a cometer las mismas irregularidades. Por ejemplo -dijo-, los estados utilizan los fondos federales para bonos y estímulos no reglamentados, así como para pagos distintos a los autorizados, indebidos, y de multas y recargos. "Hay irregularidades recurrentes, que atentan contra la eficiencia del gasto", resaltó.
Refirió que en el año de la revisión, la Federación trasladó 398 mil 482 millones de pesos a los municipios, monto 3.4 por ciento superior en en términos reales al de 2004, y 9.1 por ciento mayor a lo aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos. "Frente a esta cuantía de recursos, su fiscalización tiene mayor significado por los rezagos de los sectores a los que van destinados", dijo el funcionario.
Durante la reunión, el contador especial de la ASF, Juan Manuel Portal, se refirió a la forma en que los gobiernos de los estados manipulan los resultados de las auditorías que se les practican. "Tenemos -dijo- una estadística del número de contadores que han sido movidos de su puesto en los años recientes. Es impresionante que algunos no han durado siquiera un año".
A una referencia del diputado Carlos Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto, en el sentido de que el actual auditor del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, fue el secretario de Finanzas del ex gobernador José Murat, Portal aseguró que "con reglas más claras en la elección de los contadores de los estados no habría sido posible el nombramiento del de Oaxaca".
El legislador del PRD insistió: "si así, el auditor de Oaxaca encontró irregularidades, imagínense si se revisa a mayor profundidad".
Por su parte, la diputada Alcaraz Hernández cuestionó el hecho de que aun cuando se comprueben alteraciones, los estados las "solventan" ante la Auditoría Superior de la Federación sólo con oficios, y el órgano de fiscalización lo admite. "Con una simple carta de que ya está arreglado, es suficiente para que su respuesta se dé como positiva", dijo.
Luego de que desde Los Pinos se confirmó que el ex mandatario Vicente Fox realizó regalos por casi 10 millones de pesos, con cargo al erario, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez, lamentó que las posibles sanciones al guanajuatense por parte de la Secretaría de la Función Pública estén sujetas "al conflicto interno del PAN".
Así que, informó, en el siguiente periodo ordinario de sesiones presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que el presidente de la República "pueda ser procesado por responsabilidades si no cumple con sus obligaciones constitucionales". Actualmente, sólo puede ser acusado por traición a la patria o por delitos graves.