Comentan iniciativa en materia de reforma judicial
Critican académicos que se dé poderes discrecionales a policías
La iniciativa de reforma al sistema judicial, presentada por el presidente Felipe Calderón -que amplía las facultades de los policías, quedando éstos sin control por parte del Ministerio Público y de los jueces-, es contraria a la tradición política del Partido Acción Nacional, porque retoma elementos de legislaciones autoritarias que señalan que el ofendido principal de la delincuencia es el Estado, además de que abre la puerta para perseguir penalmente a la disidencia política, advirtieron los especialistas Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Ambos académicos afirmaron que de aprobarse la iniciativa de Calderón, sin tomar en cuenta las propuestas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, en lugar de ir adelante se retrocedería en materia de administración y procuración de justicia.
En conferencia de prensa, organizada por la organización Juicios Orales, se abordó la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso en la materia y se subrayó que sería irresponsable darle poderes discrecionales a las corporaciones policiacas y a la vez dejar controles ''más laxos'' para evaluar su actuación.
Con la iniciativa presidencial, añadieron, se pretende fomentar el uso de la tortura y las presiones en contra de los detenidos -que pueden estar arraigados hasta 60 días por orden del Ministerio Público y sin la supervisión de algún juez-, cuando la propuesta del PRD y de Convergencia de impulsar los juicios orales es más completa, porque demanda mayores requisitos, como la profesionalización y capacitación de los policías para que presenten en los juicios pruebas, testimonios, periciales, etcétera, en lugar de basar la acusación fundamentalmente en la confesión del inculpado.
Además, comentaron, la iniciativa de la oposición plantea que las irregularidades cometidas durante el proceso judicial tengan consecuencias en la resolución final, lo que obliga a que la autoridad lleve a cabo sus averiguaciones y consignaciones de forma más completa y profesional.
Ana Laura Magaloni subrayó que la importancia de los juicios orales radica precisamente en obligar a las corporaciones policiacas a desarrollar un trabajo cada vez mejor y realizar una auténtica investigación apoyada en trabajos periciales, porque resulta que actualmente 93 por ciento de las detenciones que se realizan en el país se dan en flagrancia.
Por su parte, Sarre señaló que la iniciativa presidencial es incompleta y que tomó la ''receta equivocada'' en el combate que ha impulsado en contra del crimen organizado. El problema, explicó, es que la delincuencia organizada tiene infiltrado al Estado y se le está atacando con medidas en contra del terrorismo, el cual se da precisamente fuera de la esfera gubernamental. Y si se le dan más poderes a los policías, simplemente se facilitará la infiltración de la corrupción en las corporaciones.
Ambos especialistas destacaron que las iniciativas de los diputados opositores (Manuel Camacho Solís, por el PRD, y Layda Sansores, por Convergencia) mejoraron y complementaron la iniciativa de Calderón. Ambos advirtieron que de prosperar la propuesta presidencial con la aprobación de una reforma constitucional, se pondrían en riesgo los procesos de aplicación de juicios orales que se desarrollan en 10 entidades -entre estas en Chihuahua y Nuevo León, donde se han tenido los mejores resultados.
Destacaron que uno de los aspectos de la propuesta de Convergencia es que puede servir como ''puente'' entre la iniciativa perredista y la de Calderón, porque señala la posibilidad de que el Ministerio Público retenga a un sospechoso hasta por nueve días, pero bajo supervisión judicial.
En el único punto en que se consideró positiva la propuesta del presidente Felipe Calderón fue en la facultad de la autoridad de despedir a policías sin necesidad de juicio previo, aunque esta medida por sí sola tampoco sería la panacea para hacerlos eficientes y depurar los cuerpos policiacos.