Quedarán reservados datos sobre mandos y efectivos que participaron en operativos
Ordenan a la PFP desclasificar los informes sobre represión en Oaxaca
Ampliar la imagen En una imagen del 27 de noviembre de 2006, agentes de la Policía Federal Preventiva montan guardia en las inmediaciones del templo de Santo Domingo Foto: Francisco Olvera
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó ayer a la Policía Federal Preventiva (PFP) desclasificar información diversa concerniente al operativo aplicado en Oaxaca durante 2006, mediante el cual sometió a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), excepto los datos sobre el número de elementos y mandos superiores o medios que participaron en esas acciones.
Sobre este último punto la reserva sólo procede por un año y no por 12, como había fijado la PFP. Además, se confirmó la reserva sobre la sustancia que contiene el agua que lanzan las tanquetas para dispersar manifestantes. Según declaró la PFP al IFAI, el líquido usado es "inocuo", como se consigna en el proyecto aprobado 279/07, a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero.
Al respecto, el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, emitió un voto en contra de la difusión de los nombres de los detenidos in fraganti en los operativos de octubre y noviembre de 2006, porque se podría afectar el "buen nombre" y la vida cotidiana de esas personas.
Lujambio aludió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para clasificar los nombres de los aprehendidos, pero el comisionado Alonso Gómez Robledo sostuvo que en ese caso no existe vínculo con tal declaración. Incluso pidió "tener mucha cautela" cuando se habla del honor de una persona, pues "el concepto es altamente subjetivo", más aun porque se presta para incursionar en terrenos "pantanosos y proclives a la ambigüedad".
Jacqueline Peschard matizó: "Es importante ser cuidadosos de no atentar contra el buen nombre de la persona", pero en este caso, dijo, se trató "de una detención in fraganti, buena parte de los detenidos lo fueron de manera arbitraria, y es muy distinto cuando hay una averiguación previa o denuncia".
La información desclasificada es la siguiente: personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal y del orden común; fecha, lugar y delito por el que fueron detenidas; elementos de la PFP lesionados y tipo de daños; coordinación a la que pertenecen esos elementos; viáticos que recibieron por día, y tipo de granadas usadas en el operativo.
Asimismo, la PFP tendrá que formalizar la inexistencia de información en los siguientes temas: costo total del operativo, reporte del 29 de octubre sobre la muerte del manifestante Alberto Jorge López Bernal, apoyo económico, en equipo y logístico del gobierno de Ulises Ruiz y otros.
En otros asuntos, el pleno del IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versión pública de las averiguaciones consignadas ante tribunales contra Raúl Salinas de Gortari y Joaquín Hernández Galicia, La Quina; no así las indagatorias que "continúen en trámite, en consulta y reserva, en reserva o en consulta del no ejercicio de la acción penal", según dictamen del comisionado Gómez Robledo.
En esa versión se omitirán datos particulares de testigos y personas involucradas en las indagatorias. Además, esa dependencia tendrá que realizar una búsqueda exhaustiva en todas sus áreas sobre las averiguaciones previas que se hubieran integrado en contra de La Quina y el llamado "hermano incómodo" del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, e informar de ellas.
También se ordenó a la PGR que busque en forma "exhaustiva" pesquisas y denuncias interpuestas contra Octavio Romero Oropeza, ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador, y las que haya contra los hermanos de aquél. Según la PGR, a la fecha no se ha integrado alguna averiguación en contra de Romero ni de sus familiares.