Se trata de una decisión inédita; buscamos la transparencia total: Ortiz Mayagoitia
La Corte entregará a los involucrados el proyecto de dictamen de la ley Televisa
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptaron una decisión inédita: entregar a las partes involucradas en la acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa, el problemario (documento que detalla el procedimiento en que se discutirá el asunto en el pleno), así como el proyecto de dictamen que elabore el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Dio a conocer lo anterior el ministro presidente del máximo tribunal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien sostuvo que esta decisión se debe a que el asunto "es de suma importancia y que la resolución que se dicte será de trascendencia para el orden jurídico nacional".
Como parte de este criterio novedoso, la Corte contempló también la entrega del proyecto para los ahora ex senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad (entre ellos el panista Javier Corral y el priísta Manuel Barlett), además del propio Senado de la República, el presidente de la República y las dependencias directamente involucradas con las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión impugnadas.
En declaración a la prensa, el ministro presidente confirmó también lo publicado por La Jornada recientemente, de que el pleno no celebrará sesiones públicas del 14 al 17 de mayo, para que los ministros analicen en forma personal y con sus equipos de trabajo la acción de inconstitucionalidad.
Ortiz Mayagoitia ratificó el compromiso del alto tribunal con la "transparencia", y sostuvo que así y como ha resuelto otros asuntos controvertidos, la SCJN determinó, "conforme a las circunstancias y peculiaridades específicas", las metodologías pertinentes.
Al respecto, funcionarios judiciales confirmaron que los 11 ministros abrieron espacios en sus agendas para esos días, con el propósito de recibir a las partes interesadas en el asunto.
Por otra parte, el ministro Ortiz Mayagoitia dio a conocer que el próximo 21 de mayo los integrantes del pleno, en sesión pública y televisada por medio del Canal Judicial, escucharán las respuestas de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, a un cuestionario sobre aspecto técnicos relacionados con las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.
Después de que al analizar el caso de los militares contagiados con VIH-sida, en la que el ministro José Ramón Cossío solicitó el apoyo formal de la Academia de Ciencias para conocer más sobre esa enfermedad, por primera ocasión el pleno decidió conocer de primera mano la opinión de especialistas sobre un tema determinado.
Por otra parte, el ministro presidente informó sobre otro hecho inusitado: que el secretario general de acuerdos de la SCJN, José Javier Aguilar Domínguez, entregará "personalmente" en los próximos días el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, elaborado por Aguirre Anguiano, a los ministros de la Corte, y en seguida a las partes involucradas.
Este punto llama la atención porque cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia se frustró un acuerdo adoptado por la SCJN precisamente para entregar a las partes los proyectos de dictamen. Sin embargo, como la ley federal considera los proyectos de dictamen como información reservada, la idea fue desechada hasta que el pleno decidió cambiar de opinión la semana pasada.
En otro orden, Ortiz Mayagoitia precisó en su declaración, después de reunirse con reporteros que cubren la información de la Corte, que antes de resolver el asunto de la ley Televisa, el pleno se abocará a resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
Posteriormente, resolverán la acción de inconstitucionalidad 32/2006, promovida por la Procuraduría General de la República contra el artículo 156 que creó la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), en la que el Senado de la República objeta el nombramiento que realice el presidente de la República del director general de dicha agencia.
La acción de inconstitucionalidad 33/2006, en la que la PGR cuestiona la facultad del Senado para objetar las designaciones presidenciales de los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofetel); una acción similar promovida por el Ejecutivo federal en cuanto a la designación por parte del Senado del titular de la Cofetel.
Y finalmente, la acción de inconstitucionalidad 38/2006 promovida por la Procuraduría General de la República sobre la designación de parte del Senado del procurador de la Defensa del Contribuyente.