Reporte Económico
Pemex. El futuro
En los dos anteriores Reportes hemos buscado aclarar la situación actual de Petróleos Mexicanos (Pemex), y lo primero que queda en evidencia es que la paraestatal no es el problema, sino el gobierno.
Los mexicanos nos prepara-mos a conciencia para "administrar la abundancia", como nos pi-dió López Portillo hace apenas un cuarto de siglo, sólo que no ha llegado; alguien desde entonces se las ha ingeniado para que la tal abundancia no llegue a la sociedad... ni a la empresa, a juzgar por su crítica situación.
Es obvio que los problemas de Pemex son inducidos no estructurales, y que, por tanto, son de fácil solución si se quieren corregir, o irresolubles, si la decisión de quienes tienen el poder es hundir la empresa para seguir transfiriendo a manos privadas el excedente petrolero, las enormes ganancias que los hidrocarburos y su explotación generan.
Restituir a la nación, a la sociedad, la riqueza que es suya y reposicionar a Pemex en el lugar que le corresponde sólo requiere:
1) Que el gobierno (los tres poderes) cumplan y hagan cumplir lo que ordena la Constitución. El artículo 27 es absolutamente explícito al indicar que tratándose de petróleo y gas no se otorgarán concesiones ni contratos y que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos (Gráfico 1). La obligación de los tres poderes es pues, inequívoca: garantizar la cabal preservación y explotación pública de esa riqueza colectiva; quienes no la cumplen actúan contra la nación.
Pemex tiene que garantizar en primera instancia, y sin excusa, la seguridad energética del país y la autosuficiencia de combustibles a largo plazo.
2) Cancelar de tajo la falaz controversia de que Pemex (y otras empresas públicas) es un monopolio y hay que acabar con los monopolios. Al respecto, nuevamente la Constitución, en su artículo 28 (Gráfico 1), es clara al establecer que "en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, (y las exenciones de impuestos)..." refiriéndose a la nocividad de éstos cuando son privados (lo cual ocurre por cierto con muchas de las privatizaciones en donde líneas ferroviarias, puertos, servicios hidráulicos, vías terrestres, telecomunicaciones y otros se han configurado como virtuales monopolios, sin competencia, en sus propios ámbitos territoriales u operativos).
Tratándose de actividades estratégicas y/o de servicio público, el propio artículo 28 diferencia y establece "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en correos (...) petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica (...) electricidad..."
La participación privada en la distribución final de hidrocarburos ya está perfectamente definida (aunque falta control y competencia) y el gobierno no debe alen- tar expectativas diferentes.
3) En lo internacional, establecer estrategias comunes e incluso crear empresas en coinversión para ciertos procesos de alta complejidad con empresas públicas afines a Pemex (sobre todo latinoamericanas) puede ser positivo, no así las "alianzas" con los corporativos petroleros privados, cuya naturaleza e intereses son distintos. México debería estar participando, por ejemplo, en la integración energética de América Latina.
4) Capitalizar a Pemex y reingresarle recursos fiscales suficientes en asignaciones multianuales para exploración y ampliación de reservas, inversión, mantenimiento y reposición de equipos en todas sus áreas de operación para convertirla en una empresa de primera línea.
Esto implica avanzar en una despetrolización de las finanzas públicas atacando el rezago de los ingresos no petroleros (Gráfi-co 2) a efecto de que un mayor flujo de recursos petroleros regre-se a Pemex. Ideal sería separar al SAT (Sistema de Administración Tributaria) de Hacienda para que en autonomía cumpla cabalmente su función recaudadora que ahora es ineficiente, insuficiente, parcial y hasta dudosamente legal en muchos casos.
Ahora que el Ejecutivo ha enviado ya al Congreso su proyecto de presupuesto para 2008, bastaría con que los legisladores fijaran el "valor fiscal" del petróleo (referencia para los ingresos del gobierno) en 30 dólares, a efecto de que todo excedente recaudado arriba de ese precio pase a un Fondo de Inversión en Energía bajo supervisión estricta del propio Congreso; para 2009 tal "valor fiscal" podría reducirse a 25 dólares y así en años posteriores. Es preciso liberar a Pemex de la órbita hacendaria.
Si tan sólo el SAT captara los 500 mil millones de pesos que actualmente se estima deja de cobrar, podrían liberarse suficientes recursos (al menos la mitad) para la recuperación del sector energético.
Lo grave -debemos tenerlo claro- no es necesariamente que los hidrocarburos ingresen cuantiosos recursos al fisco; esto puede ser incluso correcto y positivo si los gravámenes están bien diseñados, son justos y no afectan desproporcionadamente a la economía y a los hogares. Lo grave es que el gobierno malutilice esos recursos y los canalice a financiar su gasto corriente, o a pagar una deuda pública que nunca disminuye, o como un ingreso que le permite no exigir los pagos debidos a los que deberían ser los grandes contribuyentes (porque concentran el ingreso gravable) en nuestro país.
Es necesario reconfigurar la deuda de Pemex a efecto de cancelar una parte vía capitalización y refinanciar otra a menores costos, por ejemplo, con los fondos de pensiones propios y ajenos. Esto incluye descartar el uso de Pidiregas, que por años hemos criticado, y su posible conversión en deuda más barata. Utilizar crédito dentro de ciertos límites es correcto, siempre y cuando se use en proyectos autoliquidables.
5) Reunificar y modernizar operativamente a Pemex. La absurda segmentación de la empresa en un corporativo y cuatro subsidiarias -realizada muy probablemente para facilitar su privatización- ha resultado anacrónica desde el punto de vista de la eficiencia (incluyendo su sistema de usar precios internacionales para su "comercio" entre subsidiarias), y sumamente costosa al multiplicar la necesidad de cuerpos directivos, oficinas, personal de apoyo, equipos "de confianza" y gastos que representan una enorme sangría para la empresa.
Qué bueno que los verdaderos trabajadores de Pemex tengan buenos salarios y prestaciones; qué malo que haya tanto "trabaja-dor" que no trabaja, prestaciones antiproductividad y tan poca transparencia sindical.
Darle a Pemex mayor autonomía de gestión -en el sentido de otorgarle mayor capacidad de decisión y de liberarla de excesivas cargas burocráticas y costos administrativos- sería sin duda positivo, pero ello debería pasar a nuestro juicio por tres pasos previos:
a) Una reconfiguración del Consejo de Administración para que estén los que deben estar, incluyendo entre éstos a expertos independientes (representantes ciudadanos) de alto prestigio y experiencia, así como a representantes de los principales partidos en el Congreso, a efecto de consensar en lo posible y transparentar al máximo las estrategias, políticas, metas e inversiones en planes de largo alcance, y también para facilitar el proceso de asignaciones presupuestales,
b) Flexibilizar a la empresa la toma de decisiones pero dentro de parámetros perfectamente definidos, y con objetivos explícitos y comprobables, y
c) A fin de compensar la flexibilización, establecer un eficaz sistema de vigilancia y supervisión ajeno a la empresa.
En una fase más avanzada, una mayor autonomía de Pemex podría darse aislando las designaciones del cuerpo directivo de decisiones políticas.
6) Restitución acelerada de reservas. Pemex no debería aumentar un solo barril de exportación (e incluso tal vez deberá disminuir sus ventas al exterior) mientras no haya una restitución de las reservas probadas a un nivel de seguridad mínimo de 25 años de abasto.
7) Dinamizar el desarrollo tecnológico propio en todos los órdenes, desde la extracción a grandes profundidades hasta la elaboración de combustibles de la más alta calidad.
Pemex, por lo demás, tiene la obligación más que ninguna de ser una empresa modelo en materia ecológica.
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