Iniciativa para calificar la pederastia como delito mayor
Busca la ALDF frenar abuso y turismo sexual en la capital
Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se han presentado en los últimos meses iniciativas de reformas legales, mediante las cuales se busca frenar algunas conductas "escandalosas", como la pederastia y el abuso y turismo sexual infantil.
Entrevistados respecto al marco legal que impera en el Distrito Federal, para proteger los derechos de la población infantil, los legisladores locales coinciden, con sus matices, en que el problema "no es tener buenas leyes, sino aplicarlas, lo cual no está ocurriendo". Los diputados del PRD, Tomás Pliego y Miguel Sosa, presentaron por separado iniciativas de ley para tipificar como delito el turismo sexual infantil en esta ciudad.
Pliego Calvo, señala que en fechas recientes "se han incrementado los delitos cometidos contra menores, como corrupción, pornografía y prostitución, que ya no sólo se dan en los domicilios o escuelas sino a plena luz del día". Mientras, Sosa Tan argumenta que se tienen datos de que al menos 5 mil menores son víctimas de explotación sexual en el DF.
Cita datos de la UNAM, según los cuales de las 500 sexoservidoras de La Merced, cerca de 16 por ciento (80) tienen menos de 18 años de edad, y asegura que si bien Cuauhtémoc y Venustiano Carranza son las de más casos, ese fenómeno se repite en otras demarcaciones.
En tanto, Juan Carlos Beltrán, del PRD, propuso reformar al artículo 175 del Código Penal para tipificar en el DF la pederastia -el abuso deshonesto de un adulto hacia un menor- como un delito mayor, con una pena de ocho a 20 años de prisión, ya que actualmente se tipifica como violación equiparada, por lo que se considera como un ilícito menor.
Remarcó que en las escuelas del DF se han registrado al menos 204 casos de pederastia.
En este contexto, Ricardo García, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentó una iniciativa para crear la figura de "ministerio de ley", mediante la cual se obligaría a las autoridades capitalinas a que los menores (recién nacidos y hasta 14 años) sean llevados a centros especializados en los que se les brinde "rehabilitación física, mental, educativa, alimentaria y productiva", que permita posteriormente su completa reinserción a la sociedad.