Legisladores entregan solicitud en la procuraduría
Pide PRD a Medina Mora que impugne nueva Ley del ISSSTE
El PRD en la Cámara de Diputados solicitó formalmente al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Alejandro Sánchez Camacho, coordinador del equipo económico del partido del sol azteca en San Lázaro, acudió a la sede del Ministerio Público Federal para entregar dicha solicitud, en la cual manifiesta que "varios artículos de la Ley del ISSSTE son violatorios de las garantías de no retroactividad de las leyes, de seguridad jurídica y de los derechos sociales de los trabajadores, que estuvieron regulados y garantizados en la ley del instituto que recientemente fue abrogada".
La nueva legislación faculta al ISSSTE para suspender total o parcialmente seguros, prestaciones o servicios a los derechohabientes, cuando los patrones incumplan las disposiciones.
Además, en torno de los servicios de salud que niegan atención médica preventiva, curativa, maternidad y rehabilitación física y mental se viola la garantía de seguridad jurídica, toda vez que condiciona la prestación de éstos a la existencia de reservas financieras y actuariales, con el fin de procurar un equilibrio económico, cuando se trata de prestaciones y servicios fundamentales para la salud de los trabajadores y sus familias, obligatorios para el Estado y de rango constitucional, como si se tratara de la administración de un negocio privado, sujeto a principios de especulación y a las leyes del mercado.
Entre los argumentos del PRD presentados a Medina Mora también se encuentra la omisión del derecho a la indemnización global y se sustituye el sistema de fondos para cada empleado. El sistema de cuentas individuales operado por el Pensionissste, que será relevado en tres años por las Afore privadas, "es violatorio de las garantías sociales consagradas en la Constitución, porque lo privatiza y se afectan derechos patrimoniales adquiridos por los empleados", explicó el diputado; es decir, se manifiesta en la nueva ley que los trabajadores que cumplan 29 años, 11 meses y 29 días de servicio, y las trabajadoras que cumplan 27 años, 11 meses y 29 días no podrán ejercer el derecho de pensión por jubilación, lo cual hace evidente la aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio de los titulares y las garantías.