La legislación del IMSS sí contempla la interrupción del embarazo: Morales Aché

Analiza el GDF iniciar procesos contra hospitales que no acaten ley sobre aborto

Anuncia Ebrard que ya se prepara un registro de las clínicas privadas, para su supervisión

ROCIO GONZALEZ, GABRIELA ROMERO

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que la Consejería Jurídica analiza la postura de las instituciones federales de salud en torno a su negativa de acatar el decreto que permite la despenalización del aborto hasta la duodécima semana del embarazo, luego de reiterar que siendo un derecho establecido por la autoridad competente, en este caso la Asamblea Legislativa, todos los hospitales que operan en la ciudad lo tienen que respetar.

"Es una disposición legal, y como cualquier otra, aplica para todos; no puede haber excepción y decir esta ley me gusta o ésta no", agregó al señalar que lo mismo sucede con los médicos, que no pueden esgrimir la objeción de conciencia para negarse a llevar a cabo un aborto.

"Es equivalente a decir a mí no me gusta un artículo de la Constitución y por eso no lo cumplo. Todos tenemos la obligación de acatar la disposición, y más nosotros, pues como servidores públicos debemos atender a la población de acuerdo a lo que nos ordena la ley", apuntó.

En entrevista posterior a la clausura del programa Sin violencia es mejor la convivencia. Campaña contra el juguete bélico, el titular del Ejecutivo local dijo además que se prepara un registro de todas las clínicas privadas para supervisar que cumplan con todos los lineamientos médicos, de calidad e higiene, para llevar a cabo esta práctica.

Sobre el tema, la consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz Alfonzo, dijo que se está analizando la posibilidad de iniciar un proceso jurídico ante la insistencia de las instituciones federales del sector salud de señalar que no están obligadas a acatar las reformas en materia de aborto.

Pero, agregó, más que el gobierno como tal, si las mujeres derechohabientes solicitan el servicio y les es negado, pueden llevar a cabo una acción en contra de la institución, para reclamar este derecho.

En cuanto al personal médico, señaló que si algún galeno se rehúsa a realizar esta práctica por razones morales, tendría que argumentar su negativa, pues la objeción de conciencia no está prevista en la ley en México.

"Se tendría que analizar el caso y seguramente se designaría a otro médico para que lo practique. Son justamente las cuestiones que se están explorando ahora, porque no habría previsión de sanción jurídica, pero lo que de ninguna manera se puede permitir es que por una cuestión moral no se deje de atender a una paciente, cuyo estado de salud esté en riesgo.

En medio de esta polémica, ayer el Partido Alternativa en el DF comenzó la distribución de unos 70 mil trípticos informativos sobre las reformas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de aborto, aprobadas el pasado martes en la Asamblea Legislativa.

Su presidente, Jesús Robles Maloof, anunció que en caso de que el IMSS o los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud federal se nieguen a otorgar el servicio, ellos brindarán asesoría jurídica a las mujeres que decidan promover un juicio de amparo porque, subrayó, "no se valen los pretextos".

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* Sólo el Seguro Popular podría negar el servicio, señala experto en legislación sanitaria

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Sólo el Seguro Popular podría, por el momento, negar el servicio médico para la interrupción del embarazo a las afiliadas en el Distrito Federal, debido a que esta prestación no forma parte del catálogo de servicios de dicho esquema. El resto de las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres, afirmó el abogado Pedro Morales Aché, asesor de organizaciones civiles defensoras de derechos sexuales y reproductivos.

El litigante, experto en legislación sanitaria, informó que con las agrupaciones civiles ya se preparan modelos de denuncias y demandas para reclamar ante los órganos de procuración de justicia el cumplimiento de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, que entró en vigor ayer viernes, y por la cual el aborto practicado dentro de las primeras 12 semanas de gestación ya no se considera un delito.

Con ello el abogado, quien también llevó los casos de los militares portadores de VIH/sida que obtuvieron el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser reinstalados en el Ejército, rechazó los argumentos que en días recientes han esgrimido el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, respecto a que ambos se rigen por ordenamientos de tipo federal y no les correspondería acatar lo dispuesto en el Código Penal del Distrito Federal.

Morales Aché, quien también dirige Medilex, consultoría médico-legal, resaltó que el Código Penal Federal sólo podría aplicarse para sancionar a los médicos de instituciones públicas federales cuando realicen algún procedimiento clínico en contra de la voluntad de las mujeres.

De otra forma, si se negaran a atender las solicitudes de interrupción del embarazo de las capitalinas, estarían incurriendo en responsabilidades civil, penal y administrativa, advirtió.

En el caso de las instituciones de seguridad social, el único requisito que deberán acreditar las mujeres es que son derechohabientes de esos organismos (sea el IMSS o el ISSSTE) y que viven en la ciudad de México. Luego, corresponde a los médicos determinar que el embarazo está dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

También rechazó el señalamiento de Molinar Horcasitas respecto a que el IMSS no podría realizar abortos entre sus derechohabientes, porque tal procedimiento no está incluido en el catálogo de servicios. Morales subrayó que esto es falso dado que el artículo 94, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece que la atención obstétrica es uno de los componentes del Seguro de Enfermedades y Maternidad, y dentro de ésta se encuentra la interrupción del embarazo. Una situación similar ocurre en el ISSSTE, indicó.

Sobre el Seguro Popular, admitió que es el único servicio que podría negar la realización de abortos. El siguiente paso tendrá que ser la solicitud para que se le incluya en el catálogo de servicios de ese esquema.

Por otra parte, convocó a las mujeres para que, si les niegan el servicio de interrupción del embarazo en cualquiera de las instituciones públicas o privadas del sistema nacional de salud, hagan valer todos los medios de defensa legal en contra de la violación de sus derechos.

Desde el movimiento de mujeres y a través de organismos como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se va a apoyar en todo lo que sea necesario a quienes denuncien y presenten las demandas penales, informó.