El instituto amolda resolución a orden del tribunal

Futuro de boletas comiciales divide a consejeros del IFE

ALONSO URRUTIA

La Comisión de Transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE) corrigió su resolutivo sobre la negativa de acceso a las boletas comiciales para fundamentarlo en los términos que le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La nueva sentencia, que se basa en la Ley Federal de Transparencia, elimina el argumento de que la apertura atentaba contra la seguridad nacional y ahora sí considera las boletas como documentos públicos.

Con esas resoluciones el IFE enmendó, en las 48 horas establecidas por el TEPJF, sus argumentaciones para negar a los ciudadanos Delia Angélica Ortiz y Daniel Lizárraga el acceso a dichos documentos. El nuevo fallo recoge casi puntualmente los criterios fijados por los magistrados para sustentar el sentido final de la resolución: negar su apertura.

El presidente de la Comisión de Transparencia, Andrés Albo, sostuvo que el nuevo documento hace compatible la argumentación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información -como ordenó el TEPJF-, eliminándose la antinomia con el Cofipe, que originalmente los consejeros plantearon como obstáculo para aplicar la legislación de transparencia en este caso.

"Lo que se hace es integrar la reglamentación de transparencia a lo electoral, y de esa manera dar una nueva fundamentación y motivación", expresó Albo, para quien, en el fondo, hay una coincidencia fundamental entre la resolución original del IFE y la sentencia del TEPJF: "las boletas son indisponibles".

Sin embargo, entre los consejeros hay diferencias en torno del futuro inmediato de esos documentos electorales. Albo sostuvo que con dicha resolución ya no hay ningún recurso legal qué esperar, pues se trata de un acatamiento de sentencia, "por lo cual, hecho esto, en algún momento se deberá proceder a la destrucción de las boletas".

Para el consejero Arturo Sánchez, el fallo es susceptible de ser recurrido ante el TEPJF, por lo que el acuerdo para la destrucción de las boletas deberá aguardar, como aprobó el Consejo General, hasta que "causen estado las resoluciones", es decir, cuando los magistrados den por finiquitado el tema.

Por lo pronto, Ortiz, una de las solicitantes, informó que en función de los términos en que se dé el nuevo resolutivo apelará de la decisión, ya sea ante el TEPJF o el IFE.

Lo que no está claro para los consejeros es si aguardarán hasta que se desahogue el juicio de amparo que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el acuerdo de postergación que aprobó el Consejo General sólo habla de que causen estado los recursos ante el TEPJF.

Quien también mantuvo su inconformidad fue el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, al anunciar que presentará el próximo lunes un recurso de aclaración de sentencia, por la amonestación que los magistrados hicieron a la Comisión de Transparencia.

"Yo estoy en desacuerdo con la amonestación que me fue impuesta, porque creo que no estuvo razonada. Al sancionar a la comisión están incluyendo a los representantes de los partidos, quienes al no votar no pudieron avalar la resolución. En mi caso, hice un voto particular en el sentido de que los magistrados lo determinaron y no se me puede sancionar por eso."

En la reunión de este viernes, la decisión sobre el proyecto elaborado por el secretario técnico de la comisión y director jurídico del IFE, Rolando de Lassé, fue votada de manera unánime. "Todo mundo estuvo de acuerdo en que no teníamos más que acatar directamente la sentencia. El tribunal fue muy preciso en lo que teníamos que hacer y decir, por lo que no hubo mucho espacio para la discusión", aseveró Sánchez.

El nuevo resolutivo excluye la seguridad nacional como argumento para la negativa de acceder a la información. De igual forma, redefine el concepto de boletas electorales, que en principio, a juicio del IFE, no eran documentos públicos, para considerarlas como tales, según los criterios de los magistrados.

A la reunión acudieron representantes partidistas -quienes son miembros de la comisión- con posturas diferentes. Así, mientras los panistas lo hicieron para demandar que se acatara puntualmente la resolución de los magistrados, la representación perredista calificó de absurda la negativa de acceder a las boletas, porque sólo redita los tiempos del fraude electoral de 1988.