Apunta a criminalizar a quienes desean el cambio de las instituciones: UNAM, Uia y UAM
Abierta violación al espíritu constitucional: expertos
El llamado paquete antiterrorista aprobado por el Senado, que consiste en reformas al artículo 139 del Código Penal Federal, y que establece como terrorismo "cualquier mecanismo de presión a las autoridades", provocó el repudio de académicos en derecho y de las ciencias sociales en las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Iberoamericana (Uia) y Autónoma Metropolitana (UAM).
Los expertos consideran dichas reformas "un atentado contra las garantías individuales" contempladas en la Constitución, y advierten que al prácticamente no existir terrorismo en el país, van destinadas a frenar la creciente intranquilidad social y los movimientos que legítimamente aspiran a una transformación de las instituciones, por medio de restricciones a derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y expresión.
Esta reforma del Código Penal para sancionar el terrorismo es una medida que, en un país como el nuestro, donde no existe esa práctica, apunta a la "criminalización de grupos sociales que legítimamente desean la transformación de las instituciones públicas", advirtió el doctor en derecho David Márquez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ante los problemas de legitimidad de las instituciones en México, se preguntó: "¿los poderes fácticos piensan en criminalizar a quien o quienes piensen diferente? ¿Cuál es el motivo de fondo de estas reformas?".
Elisur Arteaga, constitucionalista y catedrático de la UAM-Azcapotzalco, aseguró que se trata de una "abierta violación al espíritu constitucional, que garantiza la libre expresión de las ideas y el derecho de reunión de los ciudadanos de forma pacífica". Advirtió que se deben analizar "detenidamente los alcances de esta reforma".
Por su parte, John Saxe-Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM), dijo que el mundo actual vive en un contexto crecientemente "neohitleriano", desde el punto de vista del manejo de los sistemas políticos, y señaló que, en el caso de México, "empiezan a ocurrir acontecimientos brutales", como la represión, la cual queda demostrada en los reiterados episodios transmitidos por los medios de comunicación, donde se suspenden las garantías o derechos constitucionales y se hacen propuestas parecidas a las ya formalizadas en las leyes Patriota y de Emergencia Nacional, de Estados Unidos".
David Márquez sostuvo que la reforma penal que los senadores pretenden imponer a la sociedad "evidentemente vulnera, en ámbitos bastante sensibles, los derechos de los ciudadanos", y recordó que una democracia se sustenta en la vigencia del pacto social, donde elementos principales son las garantías fundamentales. Subrayó que cualquier reforma que se pretenda realizar a las leyes, penales o civiles, debe respetar irrestrictamente la Constitución y los valores allí salvaguardados.
En tanto, Eduardo Torres, experto en derecho constitucional y parlamentario de la UAM, destacó que sólo con "aberraciones jurídicas" tan graves como la aprobación de la ley Televisa y la reforma del Estado "se puede comprender que ahora se pretenda criminalizar la protesta social, y con ello establecer un Estado policiaco que violente garantías individuales y derechos humanos".
Con la aprobación de estas reformas, indicó, prevalece una visión "muy conservadora de los graves problemas de justicia y seguridad, pero también resulta evidente que se trata de construir una sociedad a modo, donde sólo existen consumidores y no ciudadanos".
Al respecto, Miguel Angel Eraña, constitucionalista de la Universidad Iberoamericana, afirmó que cambiar el término de paz pública por el de seguridad nacional, en el artículo 139 del Código Penal Federal, "debe ser nuevamente analizado, porque no sólo se favorece la persecución política, también se le da manga ancha al Estado, por medio de sus instituciones de seguridad política como el Cisen, para intervenir en las investigaciones, al prever la penalización de la protesta social, que en cualquier país es un derecho fundamental de la democracia y la libertad de expresión".