Cualquier descontento social podría considerarse terrorismo
La reforma penal, sólo para justificar la represión: ONG
Ese es un problema de EU, no de México, advierten
Retroceso en la vida democrática del país, dice la APPO
Con la aprobación de reformas al Código Penal Federal -el pasado jueves en el Senado- para sancionar el terrorismo, se están fincando los rasgos de un Estado que endurece y asume más un carácter represivo y policiaco, no una real preocupación por garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, coincidieron defensores de las garantías fundamentales y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que las reformas "tienen un grado de componente autoritario", además de que no garantizan los derechos humanos de los mexicanos, a lo que el Estado está comprometido a escala internacional.
Subrayó que con las reformas aprobadas durante la última sesión ordinaria del segundo periodo de la 60 Legislatura del Senado de la República, se intenta dar respuesta al terrorismo, que no es un problema de México, sino de Estados Unidos, "aunque no nos es ajeno".
Afirmó que con dichas modificaciones "se corre el riesgo de que se transforme en un pretexto que dé apariencia de legalidad a las acciones gubernamentales de hostigamiento y uso de la justicia en contra de sectores críticos y opositores al gobierno en turno".
Por separado, el Frente Mexicano pro Derechos Humanos advirtió que las reformas al Código Penal Federal aprobadas por los legisladores "no son precisas ni concretas, por lo que permiten que cualquier manifestación sea considerada por el poder como terrorismo", delito que, dijo, aún no ha sido tipificado por la Organización de Naciones Unidas.
Advirtió que con dichos cambios a la ley se "abren las puertas a la persecución indiscriminada de opositores y se conduce a la creación de campos de concentración, reviviendo el postulado del virrey Lacroix, quien dijo que los mexicanos nacimos para callar y obedecer, no para ocuparnos de los altos designios de la política".
La ONG advirtió que al ser tan imprecisas las modificaciones, una nota periodística que incomode al poder, una manifestación para oponerse al abuso gubernamental o una declaración contraria a los intereses del poder "podrían ser catalogadas como terrorismo.
"El derecho democrático penal, a diferencia del derecho penal de las dictaduras, exige que la figura penal sea delimitada con precisión para que no se abuse", señaló el organismo.
Agregó que las reformas aprobadas el pasado jueves son contrarias a la Constitución Política, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Carta de las Naciones Unidas.
Por su parte, la APPO consideró que las modificaciones al Código Penal Federal "son un retroceso a la vida democrática del país, porque acotarán los movimientos sociales que protestan por sus derechos políticos".
Voceros del movimiento oaxaqueño señalaron que se atenta contra el derecho a la libre manifestación y de libertad de expresión. "Condenamos la aprobación de esas reformas, porque su finalidad es reprimir el movimiento de lucha organizado en el país, pero aun con ellas, no lo lograrán destruir".
"Ulises Ruiz busca montarse en el prestigio de la UNAM"
Asimismo, Carmen López, portavoz de la APPO, señaló que la asamblea recibió con asombro el anuncio de que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, había firmado un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para iniciar la reforma del Estado.
"De confirmarse este hecho, se deshonraría el trabajo honesto y la confianza de que goza la UNAM ante la sociedad, pues sería tanto como convalidar la práctica del autoritarismo y la represión de Ruiz. Por ello hacemos un llamado a la máxima casa de estudios a que no se manche las manos al cooperar con el asesino, represor y verdugo del pueblo de Oaxaca, pues es una maniobra para montarse en el prestigio de la UNAM y lavar su imagen", dijo la vocera.