Interrupción farmacológica del embarazo
Hoy es una fecha muy importante para los habitantes de la ciudad de México y, sin duda, para los de todo el país. Es muy probable que este día se aprueben las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, por las cuales ya no se considerará delito la interrupción del embarazo, por decisión de la mujer, antes de las primeras 12 semanas. Esto convertiría a la legislación en la capital de la República en la más avanzada de América Latina, equiparable a la normatividad de las naciones más desarrolladas del planeta. Pero esto no es lo más importante. Más allá de cualquier ejercicio comparativo, lo que el cambio traduce es el reconocimiento y el respeto a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, que traerá consigo profundas transformaciones en la estructura de la sociedad mexicana.
El aborto, si se observa desde la óptica de la salud pública, es en las condiciones actuales la causa de incapacidad y muerte de un número alto, pero indeterminado, de mujeres en el país. Digo indeterminado, porque los abortos clandestinos, dado su carácter ilegal, no pueden estar sujetos a ningún censo confiable. Cualquier estimación oficial, si es honesta, debe reconocer que los números de que dispone tienen un tremendo margen de error, es decir, hay un subregistro. Esto ha conducido a una guerra de cifras, en la cual los opositores a la despenalización han sostenido durante años que se trata de un problema poco significativo. Pero incurren en una contradicción, pues ahora ponen en duda la capacidad de los sistemas de salud de la ciudad de México para hacer frente a la demanda de abortos como consecuencia de la aprobación de las modificaciones a la ley. ¿En qué quedamos? Si son tan pocos los casos, ¿por qué se duda de la capacidad de los sistemas de salud?
Las cifras reales están por revelarse con la aprobación de las modificaciones legales, por lo menos para el caso del Distrito Federal. Dependerán del número de mujeres que acuda a los servicios médicos públicos o privados citadinos para interrumpir el embarazo por su decisión, en ausencia de una justificación médica, como el típico sangrado trasvaginal. Y aun así habrá un subregistro, pues, en algunos casos, las condiciones educativas y de pobreza que privan en nuestro país no permitirán a algunas mujeres enterarse siquiera de que cuentan con esta posibilidad... A menos que se desarrolle en paralelo una intensa campaña de información y educación sexual y reproductiva.
Pero hay algo que sorprende. Cuando se habla del aborto legalizado, casi todos imaginan los procedimientos quirúrgicos, es decir, salas de operaciones, instrumental metálico, anestesia parcial o total, salas de recuperación, camillas y enfermeros. O, en el mejor de los casos, el empleo de técnicas más amables como la aspiración, que también requiere de algunos de los elementos anteriores. Pero esto no es así o, mejor dicho, no tiene por qué ser así.
En la actualidad se cuenta con fármacos que pueden interrumpir el embarazo con elevados márgenes de eficiencia y casi sin efectos indeseables. Uno de ellos es la mifepristona, conocida anteriormente como RU-486 (las siglas corresponden al laboratorio francés en el que fue creada: Roussel Uclaf, además del número de serie). La mifepristona, en combinación con otras sustancias, como el misoprostol, resultan efectivos para la interrupción del embarazo en 96 por ciento de los casos. No se requiere de hospitalización. La persona toma en su casa una tableta (mifepristona) y 48 horas después otras dos (misoprostol). La aparición de esta herramienta farmacológica se acompaña de la desaparición gradual de las clínicas especializadas en abortos en el mundo desarrollado.
El mecanismo de acción de la mifepristona consiste en el bloqueo de la actividad de la progesterona, hormona que mantiene las condiciones para la implantación del embrión en el útero. El misoprostol, por su parte, es un análogo de las prostaglandinas, sustancias que producen la contracción uterina. Esta combinación de fármacos interrumpe el embarazo. Se requiere, sin embargo, de la supervisión médica (no hospitalaria) en este proceso, que no compromete la capacidad de los sistemas sanitarios.
El empleo del RU-486 ha sido aprobado en distintos países del mundo desarrollado, especialmente en Europa. En 2000 fue introducido en Estados Unidos. Esta es una de las razones que explican por qué el mayor número de muertes por abortos ocurren en las naciones en desarrollo. El caso estadunidense es interesante, pues ilustra la hipocresía que prevalece en la nación vecina. Mientras encabeza junto con el Vaticano la cruzada en contra del aborto, la Agencia Federal Estadunidense de Medicamentos autoriza el empleo de la mifepristona. Aunque hay que reconocer que su introducción fue el resultado de la acción decidida de las organizaciones civiles, especialmente las agrupaciones feministas.
La razón por la que está proscrita la mifepristona en los países en desarrollo, como México, es porque produce el aborto. Pero si se aprueba una ley que lo despenalice, como en el caso del Distrito Federal, no existe ya la justificación para no contar con este recurso farmacológico. Además, en la mayoría de las entidades federativas existen causales por las que no se considera al aborto un delito. La interrupción farmacológica del embarazo podría realizarse sin riesgo para las mujeres en estos casos, respetando escrupulosamente las leyes de cada estado de la República. Aquí hay una tarea para la Secretaría de Salud federal, que se dice dispuesta a colaborar con lo que decidan los diputados.
Pero aun en ausencia del RU-486, existen alternativas a partir de fármacos totalmente legales en México. Una de las más estudiadas es la combinación de metrotrexato (una droga empleada en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y artritis) con misoprostol (que también es de uso legal en nuestro país). En este caso, las tasas de aborto completo son similares a las que se obtienen con la combinación mifepristona-misoprostol, aunque presenta algunos efectos adversos.
Estas alternativas pueden introducirse de inmediato, una vez aprobadas las modificaciones a la ley, son más seguras que el aborto quirúrgico, están respaldadas por la investigación clínica y no comprometen la capacidad de los servicios de salud.