Inaugura la PGJDF foro sobre el tema; asiste Eduardo Medina Mora, de la PGR

Proyecto de reforma penal de Calderón, un paso hacia el autoritarismo: Bátiz

Responde a las necesidades de un gobierno en entredicho, agrega el ex procurador del DF

Convoca titular del GDF a autoridades federales a un frente común contra la delincuencia

BERTHA TERESA RAMIREZ, EDUARDO GALVEZ

Al participar en un foro para la reforma penal en México organizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el ex titular de esa dependencia Bernardo Batiz Vázquez aseveró que el proyecto de reforma penal que propone Felipe Calderón Hinojosa es un "paso mayor y difícil de revertir hacia un Estado autoritario y policiaco y por tanto, peligrosamente arbitrario e intolerante", que responde a las necesidades de un "gobierno en entredicho y que eventualmente requerirá de un fuerte aparato represivo".

Antes el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien estuvo acompañado del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, al inaugurar el foro denominado La reforma penal en México: análisis, críticas y perspectivas con miras a modificar el sistema de justicia, planteó la necesidad de hacer un frente común entre autoridades federales y locales para combatir la delincuencia.

"Debemos hacer un frente común en materia de seguridad pública, tener un solo programa y resultados para todos a fin de garantizar la integridad de las personas y su patrimonio" indicó.

Durante su ponencia, Batiz Vázquez dijo que "un régimen tildado de espurio y con gran necesidad de apoyos de fuerza, sin duda requerirá tarde o temprano procedimientos como los que se pretenden justificar con la reforma",

Entre estos procedimientos, el ex procurador mencionó el arraigo, la excepción a nivel constitucional de la presunción de inocencia -reforma con la cual cualquier persona podría ser detenida sin haberse probado su culpabilidad-; la unificación de códigos penales y de policías con mando único a nivel nacional; el ingreso a domicilio sin orden de cateo bajo la razón de flagrancia; o la creación de la policía investigadora independiente del Ministerio Público.

Tales medidas, aseguró, abrirán la puerta y justificarán no sólo las acciones policiacas contra los verdaderos delincuentes sino contra los enemigos políticos, los chivos expiatorios "y, por si acaso se requiere, al que estorba en algún momento por sus opiniones o por su posición social", advirtió.

En su turno, el senador perredista Ricardo Monreal, al referirse a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, dijo que el tratamiento propuesto para curar este cáncer social -la delincuencia y la inseguridad-, es peor que la enfermedad misma. "Un código penal único, la restricción de las garantías de defensa de los indiciados, la legalización de acciones policiales de facto y la intervención telefónica, son en suma, la instauración de un Estado policiaco sobre el ciudadano y el retorno del autoritarismo procesal sobre la democratización judicial", aseguró.

Por un planteamiento común

Al abrir el foro -en el que por primera vez se reúne con un funcionario federal-, Ebrard dijo que el propósito fundamental de este "es que nos podamos poner de acuerdo, que tengamos claro cuáles son las condiciones respecto hacia dónde debemos ir y en qué asuntos todavía no hay acuerdos y por qué, y en última instancia, tener un planteamiento común. El objetivo es adecuar nuestras instituciones al reto que estamos viviendo para hacerle frente a la delincuencia".

En la mayor parte de los puntos a discutir en el foro hay coincidencias, "sabemos que tenemos que modificar nuestras instituciones; que tenemos que ser más efectivos, que debemos actualizar, modernizar muchos de los instrumentos que tenemos" añadió.

En su oportunidad, el procurador Medina Mora dijo que hablar de seguridad y justicia no es un tema de coyuntura sino fundamental en la construcción del sistema social.

El país ha transitado "de un sistema autoritario a uno democrático y requiere de una cirugía mayor en todos los órdenes del derecho" en ese sentido, expresó: "un sistema democrático requiere de uno mucho más fuerte que en una dictadura".

En la atención a las demandas de seguridad y justicia, "no puede y no debe haber colores o banderas partidistas, ni distinción entre órdenes de gobierno, ni siquiera entre poderes", argumentó

"México necesita un sistema de justicia penal democrático respetuoso de las libertades humanas por las que hemos luchado, pero eficaz para disminuir la impunidad que tanto daña la imagen de las instituciones y que causa el crecimiento delictivo de nuestros tiempos", dijo.

Pos otra parte consideró que se debe reconocer que "el fenómeno delictivo es muy diferente al que ya existió a inicios del siglo XX cuando se sentaron las bases constitucionales de la investigación y la persecución criminal; nadie discutirá que la complejidad y la profundidad del crimen organizado es algo que no habíamos visto a lo largo de nuestra historia".