Calderonismo y derechos humanos
Son varios los frentes en materia de derechos humanos que esperan justicia: desde la investigación y castigo a los responsables de los crímenes de 1968, 1971 y la guerra sucia, pasando por Acteal, los feminicidios en Ciudad Juárez, entre otros, hasta llegar a Atenco, Oaxaca, y al paradigmático caso de doña Ernestina Ascensión. En todos ellos hay participación de fuerzas actuando desde los aparatos del Estado; en todos hay material para el cobijo de la impunidad. Frente a todos ellos el calderonismo se muestra dispuesto a continuar la política del avestruz mientras alza la voz sobre su guerra frente al crimen organizado. Obviamente no son intercambiables unos u otros propósitos; sin embargo, los primeros están en la esencia de un régimen constitucional democrático, rasgo por cierto ausente en el gobierno que ocupa Los Pinos.
En estos días estamos asistiendo a fuertes y enconados debates respecto del aborto y su despenalización en el Distrito Federal, donde la Iglesia católica, al más alto nivel, se desgarra las vestiduras como no ha hecho frente a las investigaciones pendientes en materia de pederastia, que también involucra vidas humanas, la extrema pobreza, la insalubridad, y tantos asuntos que materialmente truncan o impiden la vida de no pocos seres humanos. La polarización busca agrupar al pensamiento más conservador e incluso fanático y no es un efecto ajeno a los intereses de esos sectores.
En varios niveles estamos en el filo de la regresión histórica: reviven los cristeros, los conservadores y no es exagerado apuntar a la Santa Inquisición. Tras esa mascarada se cobija el calderonismo de manera irresponsable, colocando su causa de partido de la derecha por encima de la noción misma de gobernabilidad. Ignoran, sin embargo, el arraigo social de la separación Estado-Iglesia, por lo que no les será fácil un triunfo ideológico. Todo ello les lleva a desdeñar incluso espacios que al foxismo le fueron benévolos, como los de la creación de instancias interinstitucionales con participación de organismos no gubernamentales para definir políticas de derechos humanos. En esta materia no quieren ser enredados ni con el pétalo de un compromiso. El extrañamiento a la Secretaría de Gobernación, emitido el pasado 18 de abril por un grupo de organizaciones académicas, civiles y de derechos humanos, pasa por alto la naturaleza del gobierno a quien demandan cumplimiento de acuerdos previamente asumidos.
La crisis que vivimos va mucho más allá si no vinculan el origen del calderonismo con las expectativas de relación con él pueden equivocarse. Hay que señalar que no todos los organismos de derechos humanos en el país reclaman relación en los espacios que el foxismo abrió; muchos de ellos se mantienen al margen de una dinámica que se agotó aún antes de que el foxismo concluyera, cuando no cumplió con la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Todo parece indicar que la defensa de derechos humanos en estos años tendrá que radicar de manera prioritaria en el frente de la movilización y de la documentación de casos en los espacios interamericanos e internacionales. La reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las declaraciones preliminares que su representante para México emitió así nos lo confirma, como también el hecho de que el gobierno esté tomando distancia de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que sigue muy de cerca los reclamos y las violaciones a derechos humanos en nuestro país. Pero no sólo los espacios oficiales internacionales son fuente de respaldo, también lo son Amnistía Internacional y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, cuyos informes han colocado el dedo en la llaga sobre las aberrantes violaciones en Atenco y en Oaxaca.
Por otra parte, en el caso de doña Ernestina Ascensión, Felipe Calderón se involucró directamente al señalar el pasado 12 de marzo, en entrevista con La Jornada, que falleció "por gastritis crónica no atendida", pretendiendo eludir la hipótesis de la violación y virtualmente desaparecer la acción de militares en esos hechos. En concordancia con este "dictamen", la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mostrado "pruebas periciales" contrarias a las de la Procuraduría de Justicia veracruzana para modificar el tipo delictivo y cuestionar el dicho de los familiares de doña Ernestina Ascensión, que la asistieron en sus últimas horas de vida, al señalar que no hubo violación; tampoco, por ende, participación militar.
La Secretaría de la Defensa Nacional, que había informado en boletines oficiales sobre su investigación militar, ahora se desdice. Muy grave el giro que da a sus atribuciones el ombudsman nacional en este caso y más aún al provocar que de nueva cuenta nos encontremos que en la guerra de peritajes y de autopsias la justicia se desvanece y el tufo de complicidades se hace presente. Estos son los primeros saldos del calderonismo.