Jueces de distrito en materia administrativa rechazan la admisión de los recursos
Recurren a la justicia federal en busca de amparos contra la Ley del ISSSTE
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Los trabajadores al servicio del Estado continúan en la lucha jurídica contra la reforma a la Ley del ISSSTE
Foto: Víctor Camacho
Ante el rechazo de jueces de distrito en materia administrativa a admitir las demandas de amparo interpuestas en días pasados por cerca de 10 mil trabajadores para detener la aplicación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un grupo de quejosos que forman parte de diversas agrupaciones pidió ayer la protección de la justicia federal ante jueces federales en materia del trabajo.
Representados por el abogado Román Díaz, los inconformes -entre ellos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del ISSSTE y el Movimiento Ciudadano Obradorista- acudieron al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro para interponer las demandas de garantías, por considerar que la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones es inconstitucional.
En entrevista con La Jornada, el litigante refirió que está a la espera de que en el transcurso de esta semana obtenga las primeras suspensiones provisionales en vía de amparo, las cuales permitirán que no se apliquen las reformas para quienes cuenten con la protección temporal de la justicia federal.
Refirió que la Ley del ISSSTE en materia de jubilaciones y pensiones viola las garantías individuales de los funcionarios públicos y de los empleados al servicio del gobierno federal, además de que "afectará sus intereses patrimoniales".
Puntualizó que dichas reformas violan los artículos primero, 14, 15, 25, 26 y 123 de la Constitución, debido a que dejan abierta la puerta para una eventual privatización del ISSSTE.
El Senado aprobó el mes pasado la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, que entre otras cosas implica la posibilidad de que parte de los fondos de retiro de los trabajadores sean administrados por una institución crediticia.
Para el abogado Román Díaz, al firmar dichas reformas, el Ejecutivo federal incurrió en violaciones constitucionales que deberán ser subsanadas por los tribunales federales.