La especialista está entre los acusados por el ombudsman de manipulación de pruebas

Dictamen de ginecóloga señala agresión sexual en contra de Ernestina Ascensión

BLANCHE PETRICH

La ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la agencia especializada en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, emitió el 25 de febrero a las 11:40 un dictamen médico sobre la indígena Ernestina Ascensión -siete horas antes de que muriera-, después de una exploración física de la paciente. Este documento contiene un certificado de lesiones que reporta que "al tacto rectal" se detecta una "ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto". Asienta además: "se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación".

Añade: "Paciente senil en malas condiciones generales al parecer con cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones son graves, con riesgo de muerte. Pronóstico: reservado para la vida".

El dictamen, dirigido a la agente del Ministerio Público del área de delitos sexuales, María Lourdes Montes, indica que el acompañante de la paciente, René Huerta (dirigente de la Coordinadora Regional Indígena de la Sierra Zongolica) fue informado de la situación, que se resume así:

"Perforación del recto, bronconeumonía, encefalopatía hipóxico isquémica, hipotermia, agresión sexual". Recomienda "manejo urgente por cirugía general y/o coloproctología".

Esta médico especializada en ginecología y proctología es una de la serie de personas que, involucradas directa o indirectamente en la investigación de la muerte de la señora Ascensión, han sido señaladas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, de haber incurrido en "falta de profesionalismo, manipulación de pruebas, errores y omisiones" en la investigación e inclusive "intencionalidad política" y "motivaciones extralegales".

Soberanes ha advertido que presentará demandas penales o emitirá recomendaciones de la CNDH en contra de una larga lista de testigos y funcionarios que de alguna manera han tenido participación en la investigación de Zongolica, encabezados por el propio procurador veracruzano, Emeterio López, a quien, según anunció, demandará "ante la Procuraduría General de la República".

En principio, ya procedió en contra de la propia doctora Rodríguez Rosas y los dos peritos forenses que realizaron la primera necroscopia de la anciana el 26 de febrero. A raíz de las quejas del ombudsman, los tres profesionistas fueron suspendidos temporalmente de sus empleos.

En la lista negra del titular de la CNDH figura también Huerta, a quien "acusa" de haber insistido en que los peritos forenses escribieran en sus dictámenes que "la víctima había sido violada por los soldados". También amenaza con denunciar "en su momento" al presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, por "entorpecer" la investigación al hacer "caso omiso" de dos requerimientos de la CNDH.

Por último, también enderezó culpas contra el traductor que asignó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para asistir a la familia Inés Ascensión en sus declaraciones judiciales. Sin embargo, aunque las hijas de Ernestina Ascensión requirieron la presencia de un intérprete -en este caso un abogado náhuatl asignado por la CEDH- para sus declaraciones ministeriales ante la fiscalía especial, los hijos y un sobrino, Arturo Ascensión, testigo clave del caso, hablan bien español y no necesitan traductor. Sus afirmaciones son consistentes con las primeras declaraciones de sus hermanas, que sostienen que la víctima, al ser encontrada desfalleciente, dijo que soldados se le "habían echado encima".

Finalmente, en oficios recientes a las autoridades veracruzanas, la CNDH ha pedido explicaciones sobre el porqué de la ayuda económica que han recibido en Tetlalzinga los descendientes de Ernestina.

A pesar de que varios de los dirigentes y pobladores de la sierra de Zongolica involucrados en la averiguación han denunciado haber recibido amenazas de muerte, Soberanes no ha considerado concederles medidas cautelares ni ha emitido declaración alguna de protección o solidaridad. Pero sí emitió una orden de medidas cautelares en favor del director del hospital regional de Río Blanco, Hugo Zárate, quien en una etapa inicial de la investigación declaró que doña Ernestina murió por violación y respaldó todas las diligencias que se suscribieron en el nosocomio que dirige.

Sin embargo, según hizo "mención especial" Soberanes en su conferencia de prensa del pasado 19 de abril, Zárate y "los seis médicos que intervinieron en la atención" de la anciana -no cita sus nombres- "rindieron un informe" ante la CNDH en el que el director del hospital desmiente sus propios dichos en el sentido de que la señora Ascensión no presentaba "datos de haber sido violada por la vía vaginal o anal", y atribuye ese dictamen, suscrito inicialmente por él, a "presiones" de Huerta, que había trasladado a la mujer mal herida al hospital.

Tres días antes, el mismo doctor Zárate asistió, junto con varios doctores de su equipo, a la reunión de análisis que sostuvieron el 16 de abril 11 legisladores federales y 10 locales con el equipo investigador del caso Ernestina Ascensión, el gobernador del estado, Fidel Herrera, su secretario de Gobierno, Raymundo Escobar, y el procurador estatal.

En esa sesión de trabajo que se realizó en el puerto de Veracruz, el fiscal y otros funcionarios de la procuraduría estatal informaron detalladamente sobre la evolución de la averiguación previa que se realiza en el estado, y reiteraron que, con los datos e indicios que se asentaron en el expediente, se acredita la comisión de un ataque sexual violento que causó la muerte a Ernestina Ascensión. En ese momento, Zárate y su equipo avalaron los reportes rendidos a los legisladores.

Según la reconstrucción de la sesión, hecha por algunas diputadas federales que participaron, Zárate en ningún momento dijo que no hubiera indicios de una violación.

Por otra parte, Soberanes lanzó una segunda descalificación al trabajo de la ginecóloga Rodríguez Rosas, la médico adscrita a la agencia especializada del Ministerio Público para delitos sexuales de Veracruz, a quien acusa de no haber asentado en el expediente clínico "la supuesta exploración física que debió haber realizado ante nuestra petición por supuesta violación, ya que dicho expediente lo tuvo en su poder".

La especialista, presente en la reunión en Veracruz, amplió su testimonio y añadió que la agencia especializada en la que da servicio tiene antecedentes de "muchos casos" de violación a mujeres en la sierra de Zongolica.