Insiste en enjuiciar a Ulises Ruiz y liberar a 40 detenidos
Tribunal popular: en Oaxaca, ejercicio autoritario del poder
En Oaxaca, en lugar de que las autoridades se sometan al imperio de la ley y respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, priva el ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza de los gobiernos federal y estatal y no el de la voluntad del pueblo, asegura el texto de sentencia del tribunal popular que el sábado pasado culpó a Ulises Ruiz por delitos de lesa humanidad.
En el documento, además de los señalamientos contra el mandatario estatal, los miembros del tribunal hacen un llamado a las diversas fuerzas políticas para promover un juicio político contra Ruiz Ortiz y exigen la liberación de las más de 40 personas que aún están detenidas.
El tribunal, constituido durante el segundo Foro por los Derechos Humanos en Oaxaca hace un par de meses y conformado por José Sotelo Marbán, Miguel Concha Malo, Carlos Payán, Elena Poniatowska, Gilberto López y Rivas y Eduardo Miranda Esquivel, entre otros, establece que los testimonios de quienes han sido detenidos a raíz del conflicto en la entidad dan muestra "de las atrocidades ordenadas por Ruiz Ortiz", que caracterizan a un gobierno de "ignominia y barbarie inauditas".
Ante los diversos intentos de las autoridades estatal y federal de desestimar los testimonios de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, los integrantes del tribunal refutan que lo declarado por las víctimas y sus familiares "merece toda credibilidad".
Agregan que durante los tres foros por el respeto a las garantías fundamentales en la entidad "se presentaron pruebas contundentes de los agravios inflingidos" contra ciudadanos oaxaqueños -muchos de ellos sin relación con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)- por Ulises Ruiz en complicidad de sus colaboradores, diputados, jueces, fuerzas policiacas.
"Se documentó sobradamente que se han dado detenciones sin orden de autoridad judicial, (mismas) que constituyen verdaderos secuestros; se les ha aplicado tortura sicológica y física con el consecuente daño en su integridad persona; se ha perseguido a familiares de opositores políticos, y se intenta someter a los gobernados por medio del terror ejercido desde el Estado", señala el documento firmado por todos los integrantes del tribunal.
Por lo anterior, además de culpar al mandatario estatal por delitos de lesa humanidad, ya que los comete desde el poder y se mantiene en la impunidad, y de considerarlo persona non grata; el tribunal popular exigió la liberación de quienes aún permanecen detenidos, que Ruiz Ortiz renuncie a su cargo público y se inicien trámites para juzgar a "los cómplices" tanto estatales como federales del gobernador.
Además, considerar a la APPO como un movimiento "emergente de resistencia pacífica que se ha manifestado contra el gobierno, ha desafiado al poder caciquil y ha resistido en su lucha con relativo éxito, pese al ilegal y desmedido uso de la fuerza" del gobierno para aniquilarla.