Instalarán mesas para recabar firmas en varios estados
Buscarán interponer más de 18 mil amparos contra la legislación
Diversas organizaciones que están en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acordaron ayer, durante su asamblea general, interponer nuevos juicios de amparo contra esa legislación, con lo cual buscan sumar más de "18 mil".
Entre los organismos inconformes, que anunciaron se abrirá "la defensa jurídica del instituto a todos los ciudadanos, pues esta institución es patrimonio nacional y no sólo de los trabajadores al servicio del Estado", se encuentran la Coordinadora de Organizaciones y Trabajadores en Defensa del ISSSTE, el Movimiento Ciudadano Obradorista y la Plataforma Constitucionalista de APIMAC.
Román Díaz Vázquez, integrante del Movimiento Ciudadano Obradorista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, informó que este lunes 5 mil trabajadores al servicio del Estado interpondrán juicios de amparo, y puntualizó que estos recursos serán presentados en los juzgados del Palacio de Justicia Federal, lugar en el que a las 14:30 horas se realizará una pequeña protesta por la aprobación, en sólo 13 días, de la nueva Ley del ISSSTE.
El abogado mencionó que la instalación de "mesas de amparo", es decir espacios en los que se recaben firmas para interponer estos recursos, también se extenderá a varios estados, pues hay interés de trabajadores de Guanajuato, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz, Michoacán y Querétaro, lo cual "confirma que la inconformidad no cede, sino que al contrario crece", consideró.
Por otra parte, la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, durante el primer día de trabajos de la Convención Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, también coincidió en la necesidad de presentar nuevos amparos en contra de la citada reforma, por lo tanto integrantes de dicha agrupación aseguraron que se sumarán a las acciones para frenar la aplicación de la reforma.
Antonio Vital, integrante de la alianza, sostuvo que los amparos procederán, porque la ley aprobada "transforma en un servicio privado la protección social del trabajador, que es responsabilidad del Estado, pero también mercantiliza el ahorro laboral e individualiza los fondos para el retiro, que a la larga quedarán en manos de los bancos y el capital especulativo".