Podría tipificar como delitos graves las movilizaciones en la vía pública
Busca el Kremlin endurecer leyes para desactivar las protestas de opositores
Moscú, 20 de abril. Todo indica que las autoridades rusas, empeñadas en reducir el margen de acción legal de la oposición al Kremlin, buscan ahora un "argumento" más convincente que el uso desmedido de la fuerza policial para quitar a los inconformes las ganas de salir a la calle a protestar.
No se trata de fusilar a los descontentos, como en el periodo estaliniano, de internarlos en clínicas siquiátricas o de expulsarlos del país, dos medidas punitivas muy difundidas en el ocaso del llamado socialismo real, sino de intimidar a los opositores con largas condenas de privación de libertad por las mismas faltas administrativas que ahora se solventan con el pago de multas simbólicas.
Para no ir muy lejos en busca de ejemplos, los 420 detenidos que hubo el pasado fin de semana en Moscú y San Petersburgo, aparte de sufrir una brutal golpiza por parte de los elementos de las unidades antidisturbios, esa sí tan gratis como innecesaria, sólo tuvieron que pagar una multa equivalente a 10 jornadas de salario mínimo, algo así como poco menos de 500 pesos mexicanos.
Todos quedaron en libertad tras cumplir el trámite de ser sometidos a una suerte de juicio exprés, donde el juez dedicó cinco minutos a cada uno de los imputados, tiempo suficiente para que la fiscalía presentara cargos en su contra, basados en el testimonio invariable de dos policías como testigos únicos, que por lo común se limitaban a confirmar: "Fulano de tal fue visto en medio de una multitud que gritaba consignas contra el gobierno".
Dentro de poco, en lugar de tener que dispersar a golpes las manifestaciones de la oposición, las autoridades podrían recalificar como graves delitos las protestas en la vía pública con sólo acusar de "extremismo" a cualquier inconforme, toda vez que la respectiva ley es muy ambivalente y los jueces, como parte de la maquinaria de aplicación selectiva de la justicia, siempre la interpretan en favor de la fiscalía.
En ese contexto hay que inscribir los citatorios a declarar en la sede del FSB, el organismo sucesor del KGB soviético, a dos líderes de la oposición. Este viernes tocó al dirigente de los radicales de derecha, Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez y dirigente del Frente Cívico Unido, y hace unos días al de los radicales de izquierda, Eduard Limonov, escritor y, como se hace llamar él mismo, padre espiritual del Partido Nacional-Bolchevique.
En ambos casos los interrogatorios duraron cerca de cuatro horas y se centraron en recientes intervenciones suyas en programas de radio que, en opinión de la procuraduría general de Rusia y desde extremos contrapuestos del espectro político, podrían contener un tácito llamado a derrocar el gobierno, instigaciones al odio racial y religioso y un largo etcétera de ilícitos tipificables en la ley contra el extremismo.
Por lo pronto no se fincaron responsabilidades penales contra ninguno de los dos, pero la advertencia es obvia.
Y en relación con el grupo de Limonov, considerado por las autoridades como más beligerante, el jueves anterior un juez prohibió el Partido Nacional-Bolchevique, a pesar de que ya estaba proscrito desde 2005.
El aparente sinsentido se debe a que, hace dos años, se prohibió ese partido como "agrupación política", lo cual le impedía participar en elecciones, y ahora se volvió a proscribir, pero ya como "organización extremista".
La diferencia: a partir de ahora, cualquier persona que luzca una insignia del partido proscrito, lleve cartel o bandera del mismo, o se declare nacional-bolchevique, estaría reconociendo pertenecer a una "organización extremista", lo cual podría suponerle sólo por eso una condena de entre dos y cinco años de cárcel.