El dilema de la frontera sur
La cumbre de Campeche del Plan Puebla-Panamá (PPP) incorpora en el fondo una gran contrariedad: llevamos 20 y más años diciendo y haciendo esfuerzos por el control de la dilatada línea fronteriza sur, poco más de 900 kilómetros de selva y ríos. Por otro lado, desde hace seis años promovemos el PPP, que no es nuestro, sino del Banco Interamericano de Desarrollo y por ende de Washington. La primera idea habla de intervención, de control del gobierno sobre el tránsito fronterizo. El Plan habla de lo contrario, de establecer comunicaciones intermodales, protección ambiental, tránsitos interoceánicos, comercio, turismo, energía. Esto es, de una obligada libertad de movimiento.
Increíblemente en 1983 había solamente cuatro puestos fronterizos oficiales: Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, en Chiapas, y Subteniente López, en Quintana Roo. Había asentados 40 mil indígenas guatemaltecos en territorio mexicano. El gobierno de Miguel de la Madrid recibió esa curiosa herencia, adobada por el hecho de que no se les conocía y que el propio gobierno tenía ideas encontradas. Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores sostenía que eran refugiados, la Secretaría de la Defensa Nacional lo hacía diciendo que eran guerrilleros. La Secretaría de Gobernación, titular de la responsabilidad, no tenía ni información ni postura sobre la materia.
Hubo que hacer un delicado esfuerzo para desentrañar la verdad, no solamente de las motivaciones de la huida de nuestros hermanos guatemaltecos de su país, que lo hacían de una persecución genocida, sino de cuántos eran, por género y edades, sus etnias, lugares de origen y diversas necesidades de protección.
Independientemente de un ejemplar y olvidado ejercicio de solidaridad, que permitió el voluntario traslado de 15 mil de ellos a las proximidades de Chetumal, un tanto parecido a cercanías de la ciudad de Campeche, y otros que decidieron quedarse en la zona. Esto mereció el apoyo y reconocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Como efecto consecuente se hizo indiscutible la necesidad de controlar la frontera sur de una manera eficiente, pero legal, solidaria y humana, no en un ánimo proteccionista, sino como facultad y obligación de todo Estado respecto de sus límites político-territoriales. El esfuerzo resultó muy débil frente a las realidades de origen socioeconómicas de Centroamérica, Caribe y Ecuador, por lo menos.
Hoy como nunca, la situación es peor en esa área, principalmente en el Soconusco. Nunca se cometieron más homicidios, violaciones, prostitución, asaltos y abusos de autoridades y empresarios contra los inmigrantes y de esta verdad surge el dilema:
¿La frontera sur debe ser controlada siguiendo el patrón estadunidense en el norte, emulando a la frontera inteligente ue Bush acaba de encomiar?, ¿o diseñar una política humanitaria y realista, acorde con nuestra dignidad de país expulsor y con las expectativas del PPP?
El modelo de control fronterizo estadunidense es de tal manera irreal que el Consejo Nacional de Población estima que este año se adentrarán en ese país más de 500 mil inmigrantes. Nuestra frontera sur con ese modelo seguirá siendo incontrolable, por eso habría más de una razón para inclinarse por lo segundo: estudiar las flexibles políticas migratorias de la Europa Occidental ante los escenarios de Europa Oriental y de Turquía. El reto es diseñar y aplicar una política realista, que reconozca lo que es innegable e inevitable y sepa estar a la altura de lo que se demanda de Estados Unidos, que no es sólo la legalización de la estancia, sino con ello el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la organización y, al cabo, a la dignidad, en un mundo que a pesar de todas las opiniones, está derribando credos, barreras, aduanas de todo tipo. No neguemos en el sur lo que tanto reclamamos en el norte.