Los altos costos y el retraso en la entrega de la construcción, entre los motivos
Investiga la SFP a ex funcionarios por posibles anomalías en obras del AICM
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El costo de la remodelación de AICM se elevó de 400 millones de dólares a 800 millones
Foto: María Luisa Severiano
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició la integración de una averiguación por presuntas irregularidades en las que habrían incurrido diversos funcionarios en la realización de las obras de ampliación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), iniciadas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, los trabajos se centrarán en dos líneas de investigación: los altos costos de la remodelación -que ascenderían a casi 800 millones de dólares, según Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a pesar de haberse cotizado inicialmente en 400 millones de dólares- y el retraso en la entrega de las obras, las cuales se esperaba que serían concluidas en noviembre pasado, para que antes de que dejara la Presidencia las pudiera inaugurar el entonces presidente Fox.
Fuentes de la SFP informaron a La Jornada que esta investigación responde a una solicitud "particular" que el presidente Felipe Calderón ha hecho al titular de la dependencia, Germán Martínez Cázares, por lo cual no hay denuncia de por medio, como generalmente ocurre para que la Función Pública actúe.
"El Presidente pidió al secretario (de la Función Pública) hacerse cargo de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó sobre dichas construcciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2005", comentaron las fuentes.
Si bien la SFP destacó que la información sobre la indagatoria y los funcionarios implicados en ella es confidencial, hasta en tanto se emita el dictamen correspondiente, la ASF solicitó que se investigue al ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Pedro Cerisola y al director de ASA, Ernesto León Velasco, entre otros funcionarios implicados.
Cabe destacar que en sus conclusiones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública de 2005, la ASF señaló la deficiente toma de decisiones en la construcción de la terminal 2 del aeropuerto, lo que provocó que la inversión del proyecto -a la fecha de 6 mil 758 millones de pesos-, signifique un daño patrimonial para el país más que un beneficio.
De acuerdo con ese órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, la nueva terminal sólo permitirá solventar la saturación de operaciones para un lapso de siete años, y no de 50 como originalmente había planteado la SCT en su plan maestro 2003.
La Auditoría también advirtió que se incurrió en diversas omisiones, probable desvío de recursos y otras irregularidades; entre éstas, la discrecionalidad en la adjudicación de la licitación a las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y a la Doppelmayr Cable Car GMBH Corporation, con sede en Austria; irregularidades en la construcción de los edificios para la terminal 2 por parte de Gutsa Infraestructura, SA de CV; ausencia de información sobre los créditos obtenidos a través de Nacional Financiera; inviabilidad del proyecto en materia ambiental, además de que se incumplieron diversos ordenamientos de impacto urbano y de factibilidad de la ciudad de México, y no se tomaron en cuenta nuevas vialidades, áreas de operación, equipo tecnológico y reubicación de la base de la Secretaría de Marina, lo que podría elevar aún más el costo del proyecto.