Asegura que el juez no podría dar el fallo hasta revisar los argumentos de la autoridad
Solicita PGR revisión de la suspensión definitiva otorgada a Luis Echeverría
La Procuraduría General de la República (PGR) está inconforme con la suspensión definitiva concedida al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y que le garantiza no ser fichado ni sometido a un estudio de personalidad, por lo que solicitó a un tribunal colegiado que revise la resolución del magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien hace tres semanas concedió el beneficio de ley al ex mandatario, de extracción priísta, acusado de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968.
Según el Ministerio Público federal, el juzgador no podía conceder la suspensión a Echeverría durante la audiencia incidental, ya que antes debía analizar los argumentos de la autoridad ministerial que buscaban impedir que el procesado se viera favorecido con la protección de la justicia federal.
De acuerdo con fuentes judiciales, la petición de la PGR será revisada por el quinto tribunal colegiado con sede en la ciudad de México, integrado por tres magistrados.
En tanto, el magistrado Luna Altamirano determinó que los ex líderes del movimiento estudiantil de 1968 y denunciantes en el primer caso de genocidio que se ventila en tribunales mexicanos, Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, carecen de legitimación jurídica para intervenir en el juicio de amparo abierto a petición del ex presidente Echeverría.
Mediante la demanda de garantías, el procesado pretende echar abajo la acusación que en su contra fincó la disuelta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que el año pasado consiguió un auto de formal prisión en contra de Echeverría.
Según refirieron las fuentes consultadas, es probable que entre mayo y junio el magistrado Luna Altamirano emita su resolutivo. Si determina amparar a Echeverría, la PGR podría solicitar un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, pero ese sería el último medio para la autoridad ministerial.
En cambio, si el magistrado niega la protección de la justicia al ex presidente, éste se vería obligado a continuar con el proceso abierto en el juzgado 15 de distrito del Reclusorio Sur, que concluiría en primera instancia con una sentencia de culpabilidad o inocencia.