La repugnante alianza entre el gobierno y los sindicaleros
Se suele invocar la excelencia de nuestra Ley Federal del Trabajo (LFT) que, ciertamente, durante algunos años fue ejemplo que siguieron algunos países de América Latina, particularmente los de Centroamérica y el Caribe y en parte los del norte de América del Sur.
Esa fama positiva se ha ido perdiendo al paso de los años, desde luego porque las condiciones de trabajo que integran el derecho individual resultan ya más que escasas, como es el caso, entre otros, de los salarios mínimos y de las vacaciones. No conozco otro país que establezca seis días de vacaciones por el primer año de trabajo. Es una verdadera miseria.
Pero lo que es insuficiente en esas condiciones de trabajo, resulta totalmente fascista cuando se regulan las relaciones colectivas. La discrepancia esencial entre la apariencia y la realidad es notable, y en ella se han fundado los gobiernos supuestamente revolucionarios y los que ya no quieren ni suponerlo, para explotar en mayor medida a los trabajadores y controlar de manera total a sus organizaciones sindicales. Claro está que la culpa la tienen también aquellos que se ostentan como sindicatos: formas sin contenido, cuya función esencial es servir con lealtad perruna al Estado; celebrar convenios con los patrones a los que se denomina, por cierto incorrectamente, contratos colectivos de trabajo de cuya existencia no tienen noticia los trabajadores: los famosos contratos de protección, pero que alimentan la posición económica de sus dirigentes.
Pero la culpa mayor corresponde a las disposiciones del derecho colectivo, que ahoga la libertad sindical y destroza la autonomía de las organizaciones. Sin olvidar los sistemas de control de las huelgas y dejando de lado la composición de la llamada, con preclaro optimismo, justicia laboral, que de eso hablaríamos otro día.
Los mecanismos más turbios han sido los registros sindicales y la toma de nota de sus directivas. El registro es el principal obstáculo para la formación de sindicatos independientes, ya que se pone en manos del Estado su otorgamiento. Y la toma de nota, certificado que acredita la representación de los dirigentes, en un segundo paso llega a las mismas consecuencias.
Por supuesto que estas disposiciones violentan la autonomía y la libertad sindicales previstas en el artículo 123 constitucional, que se desploman al convertirse en actos administrativos de un Estado interesado en servirse de los sindicatos corruptos; oprimir a los independientes, y servir, con generosidad ilimitada, a los intereses patronales que son, muchas veces, intereses del Estado. Hay alianzas insoportables, como las mantenidas por tanto tiempo entre Pemex y eso que llaman sindicato petrolero.
No nos importa violar con ello el Convenio 87 de Libertad Sindical de la OIT, del que la Corte ha dicho que está por encima de la LFT y cuyo artículo tercero prohíbe la intervención del Estado en cuestiones sindicales. México lo suscribió pero, con un descaro digno de mejor causa, por lo menos lo ignora.
En el caso del sindicato minero se han puesto de manifiesto de manera notable estas características. Durante el gobierno del presidente Fox, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo todas las maniobras imaginables para eliminar la dirección sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia. Fungieron como instrumento el secretario del Trabajo y su equipo en una alianza vergonzante con un individuo, depuesto de algunos años atrás del sindicato, Elías Morales, que mediante asambleas espurias y utilizando documentos falsificados -lo que ha quedado definitivamente probado y acreditado por la PGR pero que ya era conocido por la STPS, porque se le entregaron documentos notariales que lo acreditaban- en menos de tres horas extendió la toma de nota en favor de Morales (suprema contradicción) y su grupo y, por otra parte, se acusó a Napoleón Gómez Urrutia de haber dispuesto de millones de dólares de un pago relativamente reciente de Minera México por la adjudicación de la mina de Cananea, muchos años antes.
La campaña de difamación contra Napoleón y su familia; la agresión permanente contra su patrimonio; la alianza indignante entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a las órdenes permanentes de la STPS y el tal Morales, y la intervención no tan subterránea del juez cuarto de distrito en materia laboral del Distrito Federal, que negó cuanto amparo le fue presentado por el sindicato, fueron los instrumentos fundamentales de la agresión.
Pero ha habido cosas muy positivas y, de manera especial, la unidad fundamental del sindicato minero, que ha hecho honor a su merecida fama de democrático y luchador.
Hoy, la resolución dictada por el cuarto tribunal colegiado de circuito en materia laboral del Distrito Federal, concediendo el amparo que negó el juez, ha puesto en su lugar a todos los protagonistas negativos de esta infame aventura. Faltan caminos por recorrer, pero los mineros tienen ánimos suficientes para hacerlo de la mejor manera. Y, por supuesto, habrá que reclamar las responsabilidades económicas y de todo género en que han incurrido los protagonistas de esta infamia.
Sin olvidar, por supuesto, que es indispensable borrar de la LFT todo el corporativismo fascista que la caracteriza.