Son investigadas las cuentas bancarias de presuntos involucrados en el hurto

Indagan a 18 empleados de la PGR por robo de documentos del caso minero

Buscan huellas en la gaveta que contenía el expediente de toma de nota de Elías Morales

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Al menos 18 empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) que laboran en la delegación metropolitana de esa dependencia están sujetos a investigación por el robo de documentos relacionados con el sindicato minero, revelaron fuentes gubernamentales.

Luego de todas las diligencias ministeriales y periciales, todos los objetos, incluidos las chapas de la gaveta de la cual fueron sustraídos los documentos que certificaban la toma de nota y las actas con las que Elías Morales asumió la dirigencia del sindicato minero, quedaron en poder de la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR, en busca de certificar si fueron o no violados los cerrojos y la posible aparición de huellas dactilares, que permitan identificar a los responsables del robo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la pretensión de la PGR era mantener en absoluto secreto la desaparición de los documentos, hasta en tanto se entablaban acuerdos con la defensa de Napoleón Gómez Urrutia y alguno de sus representantes acompañaba a los funcionarios de la procuraduría en las diligencias de reposición de esos oficios, para no desatar un escándalo.

Sin embargo, el hecho de que el asunto transcendiera a los medios de comunicación hizo que los planes cambiaran y se tuviera que ventilar públicamente el robo de los documentos, indicaron funcionarios de la PGR.

Las mismas fuentes refirieron que ya se investigan las cuentas del delegado Armando del Río Leal y otros servidores públicos como presuntos involucrados en el robo, para establecer si alguno obtuvo algún beneficio económico con la desaparición de los documentos.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado cuál sería el móvil del hurto de los oficios que formaban parte de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XX/-5393/2006, y tampoco cómo fue posible que estos papeles pudieran ser sacados de las instalaciones de la PGR, si supuestamente existen medidas de seguridad que impiden la extracción de documentos sin ser registrados.

Pero la delegación de la procuraduría, al igual que muchas otras en la República, no cuenta con una bóveda de seguridad en la que se guarden los expedientes de mayor trascendencia, como es el del sindicato minero.

Respecto del ahora ex delegado, Armando del Río Leal, cabe recordar que en agosto del año 2005 fue transferido como encargado de una oficina regional de la PGR en Querétaro a la ciudad de México, en sustitución de Rolando López Villaseñor, el cual fue señalado como responsable de haber iniciado una averiguación previa de manera irregular al empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz.

En su toma de posesión como delegado en el Distrito Federal, Del Río Leal "se comprometió a mejorar y a consolidar la política institucional, la procuración de justicia federal, así como a realizar un esfuerzo permanente en la investigación y persecución de los delitos del fuero federal".

Asimismo, dijo que trabajaría "en plena coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, y a actuar con irrestricto apego al estado de derecho y absoluto respeto a los derechos humanos, además de apoyar las estrategias y acciones orientadas a la mejor prestación de los servicios de procuración de justicia y seguridad pública".

Pero antes, Del Río Leal fue delegado de la PGR en Chiapas, en donde el 18 de abril del año 2000 asumió el cargo de titular de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, y según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como funcionario federal recibió múltiples denuncias en contra de miembros de grupos paramilitares que actuaban en esa entidad y las acusaciones nunca fueron investigadas.