Emite tres exhortos a la procuraduría capitalina
Señala ombudsman anomalías en investigación de homicidio
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) las recomendaciones 7/2007, 8/2007 y 9/2007, todas ellas referentes a presuntas irregularidades cometidas en la investigación del homicidio de Alejandra Patricia Dehesa Pérez Reguera, quien fungiera como administradora de la revista Newsweek México.
La recomendación 7/2007 se derivó de una queja presentada por el esposo y presunto asesino de la víctima, Sergio Alfonso Dorantes Zurita. La CDHDF consideró que la representación social violentó "el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso" del peticionario, ya que se realizaron dos consignaciones basadas en declaraciones contradictorias del testigo Luís Eduardo Sánchez.
La 8/2007 refiere que las mismas garantías le fueron violentadas a María del Rocío García, quien el día del homicidio de la periodista de Newsweek fungía como responsable de agencia de la Coordinación Territorial Coyoacán Uno. Semanas después, María del Rocío fue investigada por la propia PGJDF por "manipulación de testigos", luego de que fuera acusada de "pagarle" a Luis Eduardo Sánchez para que declarara en "determinado sentido".
El organismo presidido por Emilio Alvarez Icaza establece en su recomendación que la integración de la acusación en contra de García fue irregular, ya que no se realizó "una investigación exhaustiva de los hechos denunciados" y no se observaron "las formalidades del procedimiento".
Por último, la 9/2007 establece que la procuraduría capitalina violó el derecho "a la seguridad jurídica" de Ana María Dehesa Pérez, hermana de la víctima, al distribuir a los medios de comunicación un video que contiene las declaraciones del testigo mencionado.
Las tres recomendaciones exhortan al procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, a presentar "un programa de trabajo" para implementar un "modelo integral para la procuración de justicia".
Dicho programa de trabajo deberá contemplar medidas que garanticen el "resguardo" de los expedientes, la participación oportuna de los servicios perciales y la forma de proteger y preservar el lugar de los hechos, entre otras consideraciones.