Para detener el agrocidio
La enfermedad de la agricultura son los bajos precios, pero Estados Unidos puede darse el lujo de pagar la medicina: los subsidios, señala la Asociación Americana de Cultivadores de Maíz (ACGA, por sus siglas en inglés).
La ACGA agrupa a 14 mil pequeños granjeros de 35 estados del país vecino. A diferencia de la Nacional Corn Growers Association, no acepta contribuciones de los agronegocios y acaba de comparecer ante el Congreso estadunidense. Ante la inminencia de la aprobación de la nueva Farm Bill o Ley Agrícola exige repensar la política agrícola de Estados Unidos y cambiar de curso para asegurar las condiciones de vida de los agricultores de allá y de todo el mundo.
La ACGA se basa en un sólido estudio elaborado por el Centro de Análisis de Política Agrícola de la Universidad de Tennessee, donde se pone en evidencia la economía política del ciclo de bajos precios internacionales de los productos agrícolas, impuesto por las trasnacionales agroexportadoras.
La política de bajos precios internacionales de granos básicos y oleaginosas, favorecida por las farm bills de 1996 y 2002, ha hecho quebrar varios miles de pequeñas granjas en Estados Unidos y ha exportado miseria a los países en desarrollo, pues derrumba el precio que los pequeños agricultores familiares diversificados reciben por sus cosechas.
Con datos duros muestran que los bajos precios internacionales tampoco contribuyen a la expansión de las exportaciones, ni han logrado detener la sobreproducción, pues los agricultores siembran en cualesquiera condiciones. Los únicos beneficiarios son las empresas agroexportadoras y las engordadoras del complejo de ganadería industrial. Y, tal vez, algunos sectores reducidos de consumidores.
El sostén artificial de la política de bajos precios son los subsidios que otorga el gobierno estadunidense con los impuestos de los contribuyentes. Su costo ha sido tremendo: 164 mil millones de dólares entre 1993 y 2001, casi la mitad de lo gastado en la guerra de Irak. Y, si la nueva Farm Bill no cambia la tendencia, entre 2003 y 2012 se habrán gastado 247 mil millones. Un promedio anual una vez y media mayor que el costo total de todos los programas federales, productivos, sociales, asistenciales y de infraestructura que se implementan en el campo mexicano mediante el Programa Especial Concurrente.
Como en México, los subsidios se concentran en Estados Unidos: dos terceras partes de ellos van a sólo 10 por ciento de los productores. Grandes productores, no los granjeros familiares. Aunque entre 1996 y 2001 los subsidios se triplicaron, los ingresos de las granjas familiares se redujeron en 16.8 por ciento. A pesar de las enormes sumas destinadas por Washington a subsidiar la política de bajos precios, tan sólo entre 1993 y 2000 Estados Unidos perdió 33 mil granjas: Agrocidio a la americana.
Para detener este agrocidio, la ACGA, junto con la Coalición Nacional de Granjas Familiares (NFFC, por sus siglas en inglés) y otras 60 organizaciones agrícolas estadunidenses presentan un documento denominado Acta Alimentos desde las Granjas Familiares. Su propuesta tiene tres exigencias principales:
Primera: los precios de los productos agrícolas estratégicos deben tener un piso que cubra los costos de producción de los pequeños granjeros. Un precio justo y real, no subsidios artificiales. La diferencia entre un precio soporte a las cosechas y los subsidios vigentes ahora es la misma que hay entre pagar salarios remunerativos a los trabajadores o regalarles cupones de comida.
Segunda: debe establecerse una reserva nacional estratégica de alimentos que incluya el restablecimiento de la reserva controlada por los propios agricultores. Es la base para las seguridades alimentaria nacional, energética nacional y el alivio internacional a las hambrunas.
Finalmente, deben establecerse medidas de políticas eficientes para bajar la sobreproducción de granos y oleaginosas que deprimen los precios internacionales. Esto puede lograrse dedicando crecientes áreas de cultivo a la producción de biocombustibles o a reservas para la conservación de suelos y cubierta vegetal.
Salvo en el tercer punto en que las situaciones de Estados Unidos y México son diferentes, las propuestas de la ACGA, de la NFFC y de las otras 60 organizaciones son muy convergentes con las de las organizaciones campesinas mexicanas. Para detener el agrocidio: -ofensiva letal contra las agriculturas familiares, suelos, reservas acuíferas, ecosistemas- es necesario cambiar las políticas dominantes de la fase agroexportadora neoliberal. Esto implica revalorizar los productos de las agriculturas campesinas y construir la soberanía alimentaria de las naciones con base en reservas estratégicas en manos, sobre todo, de los pequeños y medianos productores.
Contra las políticas de la OMC, contra las leyes agrícolas estadunidenses, como las de 1996 y 2002, y por políticas justas y sustentables, en Ginebra, en Hong Kong, en Cancún, en Washington, éstas son las luchas actuales, y los nuevos espacios del combate campesino global para detener el agrocidio.