México, sin control de sus fronteras
La cruzada contra el crimen organizado de Felipe Calderón se encuentra en un callejón sin salida. El da los discursos; los muertos los ponen las policías, los periodistas y los ciudadanos.
El crimen organizado no sólo tiene su origen en el interior del Estado mismo, sino además se ha visto fortalecido por las medidas neoliberales impuestas en nuestro país. Esto, que pareciera menor, contiene una de las explicaciones más sólidas acerca del drama que se vive por la inseguridad en nuestro país.
Los puertos y aeropuertos, considerados espacios de seguridad nacional, han sido concesionados a empresas extranjeras que tienen bajo su administración estas importantes áreas del territorio nacional.
Los aeropuertos del noroeste están bajo el control de empresas españolas (Grupo Aeroportuario del Pacífico); los del centro-sur están al mando de la francesa Aeroports de París; y los del sur se hallan en manos de Dinamarca: Copenhagen Airports. En los tres grupos aeroportuarios se cuenta con empresarios mexicanos, quienes aparecen como patiños de las trasnacionales. Las decisiones más importantes de lo que sucede en los aeropuertos mexicanos se toman en el extranjero.
En los puertos sucede lo mismo, aunque con empresas de distinto origen: el puerto de Cozumel lo administran los estadunidenses y los de Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo están en manos de la empresa china Hutchinson.
En el momento en que el Estado mexicano entregó estas importantes áreas de la seguridad nacional a trasnacionales renunció al control de sus fronteras.
La coordinación interinstitucional en el interior de puertos y aeropuertos se dificulta operativamente porque el administrador es ajeno a las instituciones mexicanas. Esta dificultad se ve agravada por la infiltración del crimen organizado en las esferas de las corporaciones policiacas que tienen bajo su responsabilidad tareas de vigilancia en estos espacios de tránsito de personas y mercancías.
Un ejemplo de ello es el caso de la efedrina proveniente de China, que llega a puertos controlados por ese país, y donde ninguna autoridad mexicana intervino para detener la introducción de fármacos destinados a la producción de drogas sintéticas.
El escándalo de los 205.6 millones de dólares encontrados en una residencia de Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, tiene su origen en el caos que vive la seguridad en los puertos y aeropuertos mexicanos.
La seguridad nacional de México no sólo radica en el control de nuestros puertos y aeropuertos, sino fundamentalmente en el diseño de una estrategia global que incluya todos los factores que en ella intervienen; sin embargo, si no se tiene control sobre los mismos, difícilmente puede tener éxito alguna estrategia de combate al crimen organizado.
Aunado a lo anterior, hay que reiterar que las fronteras de los estados del norte del país no cuentan con ningún tipo de control de los accesos de las personas que ingresan provenientes de Estados Unidos, ni mucho menos en las del sur ni de quienes provienen de los países de Centroamérica o de América Latina.
El caos sirve a quienes se aprovechan de él o lo que es lo mismo: responde a una lógica, y esa lógica responde a los intereses que dominan el mercado donde lucran los criminales, por lo que mientras este caos no se confronte con una acción integral del Estado mexicano, las acciones que se realicen serán insuficientes, parciales e inclusive contraproducentes.
Los palos de ciego que da Felipe Calderón no han tenido resultados positivos para la población, por lo que en lugar de festinar en forma mediática una supuesta acción de fuerza del Estado, es momento de revisar la estrategia y formular una diferente que tome en cuenta todos los componentes multifactoriales que la conforman.
Terminar con la discrecionalidad en las revisiones de personas y mercancías es una medida indispensable que brindará seguridad al ciudadano, enfrentará a los criminales y regresará certidumbre a la nación.
El lamentable asesinato del periodista de Televisa Amado Ramírez se vio precedido de una cadena de elogios mediáticos a la estrategia calderonista de aparatosos como inútiles operativos policiacos. Por ello es indispensable pensar en una reformulación táctica del Estado mexicano para combatir a la delincuencia. No es fácil, pero de no concretarse el derramamiento de sangre seguirá siendo brutal.
La utilización de tecnología de punta para la revisión de las personas que ingresan al país evitaría los abusos que las autoridades de Migración realizan frente a compatriotas, quienes por su color de piel y estatura sufren los abusos no sólo de la discriminación, sino de las prácticas corruptas, como ser asaltados, y en cambio permitiría al Estado mexicano la identificación de personas con antecedentes penales o con algún delito pendiente de castigar.
La necesaria coordinación en materia de seguridad con Estados Unidos no debe limitarse al señalamiento estadunidense de sellar nuestra frontera sur. Urge diseñar un convenio binacional en el que ambos países se comprometan en el contexto de sus responsabilidades constitucionales a la realización de las acciones necesarias para el combate al crimen organizado. Hay que pasar de los dichos a los hechos.