Determina un régimen de incompatibilidades para los legisladores
Analiza el Senado dictamen sobre ley antidiego; se votará el martes
Plantea transparentar la gestión y evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias
Después de realizar múltiples cambios y cabildeos durante los seis meses recientes, ayer finalmente se presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores el dictamen sobre la reforma constitucional propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) para instaurar un régimen de incompatibilidades para los legisladores, con el propósito de transparentar su gestión y evitar los conflictos de intereses, tráfico de influencias y otras prácticas irregulares.
Después de un cabildeo de última hora, la mejor conocida como ley antiDiego -que establece la prohibición expresa a senadores y diputados de litigar contra el Estado, como lo hizo Diego Fernández de Cevallos en la pasada legislatura- subió a tribuna y quedó en primera lectura.
Con esa reforma "vamos a cambiar la vida parlamentaria, la vamos a sanear, a limpiar, para evitar que se lucre con la tarea legislativa", sostuvo el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel Miranda.
Cambios de fondo
La iniciativa, por la que se reforma el artículo 62 constitucional y la Ley Orgánica del Congreso General, fue presentada el 26 de octubre pasado por el senador Rubén Camarillo, en nombre de toda su bancada, con el respaldo del propio Santiago Creel, aunque su contenido fue modificado de fondo, toda vez que la propuesta inicial de obligar a los legisladores federales a no realizar en forma paralela otras actividades remuneradas, fue rechazada por los propios panistas y por legisladores de otras bancadas que se sintieron afectados.
Fue el caso de senadores que al mismo tiempo que se desempeñan como legisladores son empresarios o abogados y cuentan con despachos jurídicos.
Por esta razón, la iniciativa se adecuó y se eliminó la propuesta de Creel Miranda, quien planteó que se eliminara el fuero a los legisladores con el propósito de que pudieran ser sometidos a procesos penales en caso de que los servidores públicos cometieran algún delito.
Al final, la reforma sólo plantea un régimen de incompatibilidad para evitar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias en que puedan incurrir los legisladores durante el desempeño de sus funciones.
Cimientos que evitan la corrupción
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que una regulación adecuada de las incompatibilidades "forma parte de los cimientos que evitan la corrupción, aunque sin pensar que esta medida, por sí sola, pueda enfrentar el cáncer que ésta representa".
El régimen de incompatibilidades se establece en el artículo 62 constitucional, que se modifica de entrada con la finalidad de que la limitación a diputados para desempeñar empleos o comisiones remuneradas en la Federación, se extienda también a los estados, al Distrito Federal, los municipios y cualquier otra entidad pública.
Asimismo, se adiciona un párrafo al mismo artículo 62 para precisar que la ley secundaria "establecerá el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses en la función legislativa".
En ese artículo constitucional se prohíbe a los legisladores litigar contra dependencias u organismos gubernamentales, al precisar que senadores y diputados no podrán representar, "por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros frente al Estado".
Esto, con la salvedad de que tal representación se podrá realizar en tres casos de excepción: cuando se trate de la defensa de sus propios derechos, de su cónyuge o de sus dependientes económicos; cuando se trate del gremio al que pertenece el legislador y del que tenga representación legal, o en la defensa de su partido político, si tiene la representación jurídica.
En la exposición de motivos también se aclara que en el caso de senadores o diputados que son además dirigentes de organizaciones sociales y sindicales, deben quedar a salvo sus derechos en la defensa de sus representados.
Este punto causó preocupación en la bancada del PRI, por lo que en días recientes se analizó la posibilidad de cambiar el dictamen, aprobado en comisiones hace dos semanas. Sin embargo, ayer se decidió pasarlo al pleno sin modificaciones.
Ya casi al final de la sesión se presentó el dictamen en primera lectura y se prevé votarlo el próximo martes.