El ex titular del Trabajo delinquió al otorgar la toma de nota en el sindicato minero: De Buen
Salazar Sáenz será demandado por uso de documentos falsos y fraude
''El dirigente impuesto perjudicó al gremio al disponer ilegalmente de recursos económicos''
El grupo de defensores del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia presentará una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Francisco Javier Salazar Sáenz y algunos de sus colaboradores que, en el mes de febrero de 2006, otorgaron la toma de nota del sindicato a Elías Morales, ya que se valieron de información falsa y documentos apócrifos, informó el abogado laboral Néstor de Buen.
Añadió que Morales usó recursos del organismo sindical ilegalmente, ya que la toma de nota con la que se dio validez a su dirigencia fue del todo irregular. ''Al ser un líder ilegítimo perjudicó económicamente al sindicato al disponer de los recursos'', expresó.
''Incurrieron en los delitos de falsificación y uso de documentos falsos, además de fraude, porque Morales dispuso de cuotas de los trabajadores mineros y ha generado perjuicios económicos al sindicato, por lo que tendrá que ser sancionado'', señaló el abogado.
Sustento de la querella
El pasado miércoles, el cuarto tribunal colegiado de lo laboral ordenó a la Secretaría del Trabajo que reinstalara a Gómez Urrutia al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, tras encontrar diversas inconsistencias en la toma de nota que le concedió la dependencia federal a Elías Morales.
La querella contra el ex secretario del Trabajo se sustentará en los argumentos de los que el tribunal colegiado se valió para ordenar la restitución del líder minero.
A su vez, el abogado penalista Juan Rivero, del grupo de defensores de Gómez Urrutia, informó que ayer fue notificado el juzgado cuarto de distrito laboral de la resolución del tribunal revisor, y probablemente este viernes se notifique a la STPS el sentido del amparo, para que en 24 horas se reinstale al líder minero.
Rivero señaló que la resolución del colegiado debe obligar al Ministerio Público Federal a solicitar el desistimiento de las causas penales y las averiguaciones previas abiertas en contra de Napoleón Gómez Urrutia, ya que quedó desacreditado el supuesto de que los 55 millones de dólares del fideicomiso del sindicato minero fueron desviados por su defendido. Agregó que está plenamente acreditado que Elías Morales incurrió en diversos delitos que perjudicaron tanto las finanzas del gremio como la credibilidad de la Secretaría del Trabajo, por lo que debe ser sancionado por la Procuraduría General de la República.
Explicó que aun con la existencia de las órdenes de aprehensión en contra de Gómez Urrutia, éste puede asumir el cargo de dirigente sindical, ya que las leyes penales en México y la Constitución establecen que los derechos políticos y laborales de cualquier inculpado sólo se suspenden cuando existe una sentencia definitiva derivada de un juicio penal, lo cual no ha ocurrido en este caso.
No obstante, precisó que el dirigente minero no regresará de Canadá a México sino hasta que las autoridades ministeriales hayan sobreseído las indagatorias abiertas en su contra, ''lo cual debe suceder, porque así lo estamos pidiendo basándonos en la resolución del cuarto tribunal colegiado laboral''.
Patrañas e indecencias
Por su parte, Néstor de Buen consideró que la actuación de las autoridades, específicamente de Salazar Sáenz, para desconocer a Gómez Urrutia, ''fue una patraña y una combinación indecente'', con lo que vulneraron la autonomía sindical, ''pues desconocieron a un comité ejecutivo e impusieron a otro con base en fraudes y falsificaciones; no me gustaría estar en la piel del anterior secretario del Trabajo'', concluyó el abogado.
Con infomación de Emir Olivares