En la polémica actual en torno al aborto, las feministas han logrado cambiar los términos del debate. En primer lugar, han establecido que nadie está a favor del aborto, y que lo deseable es acabar con esa práctica. La discrepancia reside entonces en la manera de enfrentar ese problema. Mientras las voces conservadoras se aferran al dogma y apuestan por conservar la penalización, las voces progresistas sostienen que esa ley no sólo es ineficaz sino que ha terminado por agravar un problema que rebasa las consideraciones morales para convertirse en un grave problema de salud pública.

Abogar por despenalizar el aborto no significa estar a favor de esa práctica, sino reconocer que la punición como medida disuasiva resulta no sólo inoperante sino hasta injusta. La ilegalidad de esa práctica no ha logrado disminuir el número de abortos ni ha servido, como imaginan las mentes conservadoras, de barrera de contención a las “abortistas”. Lo único que ha fomentado es la práctica clandestina de abortos en condiciones riesgosas para la salud y la vida de las mujeres.
Legalizar la interrupción de embarazos no incrementa la recurrencia a esa medida, eso está demostrado en los países que han dado ese paso. Ni tampoco lo adoptan las mujeres como método de control natal. Esas suposiciones son sólo prejuicios misóginos. Penalizar el aborto sólo se ha revelado como una medida que sirve para tranquilizar a las “buenas conciencias” en prejuicio de las mujeres más desamparadas y vulnerables.

La recurrencia al aborto lo único que demuestra es que las mujeres están decididas a regular su fertilidad, eso es un hecho y un derecho plasmado en la Constitución. A las instituciones del Estado lo único que les toca hacer es garantizar que ese derecho se ejerza sin cortapisas y en las mejores condiciones posibles.
En ese sentido, los términos del debate ya no están dados por el estar a favor o en contra del aborto, sino por el estar a favor o en contra de respetar lo que las mujeres decidan.