Documenta opacidad en manejo de $863 millones cuando Segura Rangel dirigía el fondo

Exige la Auditoría Superior a SG castigar quebranto al Fonden

En 2005 se hicieron pagos por 41 millones 980 mil pesos sin que mediara autorización de Hacienda

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ

Ante la opacidad y control discrecional de 863 millones 416 mil pesos por Carmen Segura Rangel, cuando se desempeñaba como coordinadora general de Protección Civil -a cuyo cargo se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)-, en 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados solicitó hace 10 días a la Secretaría de Gobernación (SG) que finque sanciones contra quien resulte responsable por quebranto al erario.

La conclusión sobre el manejo irregular de los recursos destinados a resolver las necesidades de la ciudadanía afectada por fenómenos naturales manifiesta que los funcionarios, principalmente la coordinadora general del fondo para contingencias, a la hora de disponer del presupuesto no fundaron su actuar en "criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, los cuales debieron constar en escrito firmado por el titular del área requirente".

En la muestra auditada se constató también que las constancias de entrega de insumos a los estados (notas de remisión) que se adjuntaron a la documentación comprobatoria del gasto, por 433 millones de pesos (99.4 por ciento de lo revisado), no fueron validadas y firmadas por la coordinación general del Fondo de Desastres Naturales.

Recomendaciones

En el informe sobre la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, el órgano revisor -dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados- manifiesta 18 recomendaciones tras haber revisado el destino de 448 millones 599 mil pesos, de un total de 863 millones 416 mil.

Dicho documento destaca que el Fonden no actualizó los Manuales de Organización y Procedimientos establecidos desde 2004, a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la información de la Cuenta Pública 2005, se constató que en el concepto 2900, referente a mercancías diversas, se ejercieron 863 millones 416 mil pesos, "sin embargo, sólo 821 millones 436 mil correspondieron a pagos de los compromisos adquiridos durante el ejercicio 2005, con cargo a la partida 2902, sobre mercancías para distribuir entre la población. La diferencia de 41 millones 980 mil pesos se erogó para el pago de operaciones que se devengaron en el ejercicio 2004, pero no se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni se presentó evidencia de que se le haya solicitado permiso para que las erogaciones se cubrieran con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".

En el ejercicio 2005 también se hicieron pedidos por mil 275 millones 964 mil pesos, sin que existiera disponibilidad de recursos en el fondo revolvente, porque en ese año únicamente se pagaron 821 millones 436 mil.

"De la diferencia por 454 millones 528 mil pesos, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la autorización expresa de la SHCP que demostrara que se cubrieron con oportunidad las obligaciones que se generaron durante el ejercicio 2005, ni de que se solicitó a dicha dependencia permiso para que, en su caso, la revolvencia del fondo se realizara con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".

Para el año de revisión, el Fonden tampoco constituyó reserva estratégica. En el caso de la asignación por 55 millones 986 mil pesos, el Fondo de Desastres Naturales, encabezado por Carmen Segura, quien fue impuesta en el cargo por el hoy senador Santiago Creel Miranda, no participó en el proceso de los productos; "tampoco opinó respecto a la decisión de ejercer la opción-excepción a la licitación pública, ni conoció a qué proveedor se asignaron los pedidos y características establecidas en los mismos".

Sólo en este caso, la ASF solicitó al organo interno de control de la Secretaría de Gobernación que "finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron directamente pedidos por 55 millones 986 mil pesos".

En este caso, 44 millones 630 mil pesos se destinaron al estado de Veracruz, y 11 millones 355 mil a Chiapas. Tras la revisión del destino de esos recursos, el órgano fiscalizador determinó solicitar a la Secretaría de Gobernación que empiece el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que exceptuaron a los proveedores de presentar la garantía de cumplimiento por los 55 millones 986 mil pesos, sin haber contado con la autorización del oficial mayor del ramo ni con el escrito que debió presentar la dirección general de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que se justificara la necesidad de la excepción a la presentación de la garantía de cumplimiento.

Tras la revisión de los 488 millones 599 mil pesos, el Fonden no especificó ante la ASF las características de los insumos entregados para resolver los desastres en distintas entidades del país; "lo anterior ocasionó que en cuatro pedidos, por 52 millones 274 mil pesos, no se detallaran las características de los insumos a adquirir, y en 30 pedidos, por 117 millones 535 mil, difirieran de las especificaciones establecidas en las fichas técnicas".