El gobierno panista viola derecho al libre culto y permite expulsiones, denuncian
Demandan evangélicos la creación de fiscalía especial de asuntos religiosos
Hay 30 mil proscritos en Chiapas por intolerancia al profesar diferente credo, señalan
Ampliar la imagen
En imagen de archivo, cristianos evangélicos participan en una marcha para conmemorar la crucifixión y muerte de Jesucristo, en marzo de 2002
Foto: Carlos Cisneros
El gobierno panista infringe el derecho al libre culto, pues permite y tolera que en diferentes comunidades del país haya expulsiones, hostigamientos, violaciones y hasta asesinatos de personas que profesan religiones diferentes a la católica, aseguró Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos (BNAC), y agregó que 90 por ciento de esos casos "han quedado impunes".
Pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) tiene registrados 121 casos de intolerancia religiosa en el país, de los cuales 113 han sido resueltos y el resto permanece pendiente, la barra cuenta con un registro de 200 casos de ese tipo.
Ante esta situación, los distintos líderes de las iglesias evangélicas solicitaron mediante la BNAC, a la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, coadyuvar para que se cree una fiscalía especial que se encargue de esos temas, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Esto debido a que en el gobierno mexicano no hay una instancia especializada en la que se puedan realizar denuncias por intolerancia religiosa, advirtió Farrera. Sin embargo, el titular de esa subsecretaría, Florencio Salazar, respondió por escrito de manera negativa ante tal petición con el argumento de que los agentes del Ministerio Público garantizan "la protección de los derechos de los individuos".
El presidente de la BNAC criticó el argumento, debido a que "los gobernantes siempre consideran que ante un conflicto de intolerancia religiosa la solución es que los agraviados se conviertan al catolicismo".
Inequidad religiosa
Advirtió que la inequidad religiosa la promueven las mismas autoridades, pues recordó que cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado, se instauró una fiscalía especial para la investigación; "¿por qué rechazan nuestra petición?, ¿cuántos muertos tenemos que poner (los evangélicos) para que se abra una fiscalía?".
Farrera dijo que aunque las cifras oficiales reportan que 8 por ciento de la población nacional profesa algún culto evangélico, "en realidad somos cerca del doble"; ello, explicó, porque los encuestadores de los censos de población no conocen la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo y los consideran como una misma religión.
Expresó que hay innumerables casos de intolerancia religiosa en entidades como Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla y estado de México, a los que autoridades locales, estatales y federales han dado la espalda.
Datos proporcionados por la BNAC revelan que tan sólo en Chiapas (que es el estado en donde más se vulnera el derecho al libre culto) existen cerca de 30 mil desplazados por motivos religiosos, lo que convierte a la entidad en la de mayor expulsión de evangélicos en el mundo. Paradójicamente, es la entidad en la que hay más evangélicos, pues alrededor de 30 por ciento de su población profesa ese culto.
Otra de las inconsistencias en las que cae la administración federal es que para que los evangélicos cambien, compren o construyan un templo, o realicen el cambio de pastores, tienen que solicitar un permiso a la subsecretaría del ramo, a diferencia de la religión católica, "a la que no exigen nada".
Por ello, también se solicitó a Salazar Adame que ante "decisiones poco equitativas" al respecto, la dirección de Asuntos Religiosos de la subsecretaría a su cargo incorpore personal que profese cultos distintos al católico; además de que la Secretaría de Gobernación haga pública cuál es la política que sigue ante un caso de intolerancia religiosa, peticiones que la dependencia también rechazó.