El BM advirtió desde 2005 que ese tipo de cambios no garantiza pensiones dignas

Sesgado, diagnóstico en que se basó el nuevo ISSSTE: expertos

Omite factores como estancamiento de empleo y salarios en el sector público, destacan perredistas

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO

La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada por PAN y PRI en el Congreso de la Unión, y promulgada la semana pasada por el Ejecutivo, omite factores estructurales, como el impacto del estancamiento y la reducción del empleo en el sector público, la caída de salarios, el comportamiento histórico de las reservas financieras del instituto, así como la caída financiera y presupuestal derivada de los subsidios entre seguros y prestaciones.

El texto Los problemas estructurales de la Ley del ISSSTE, elaborado por especialistas del PRD en la Cámara de Diputados y el Senado, refiere que "en una tímida autocrítica de documentos del propio Banco Mundial, se advierte que este tipo de reformas no aumentan la cobertura, no garantizan pensiones dignas, no reducen los costos fiscales de los sistemas ni garantizan las condiciones para el autofinanciamiento y el saneamiento de los sistemas en el largo plazo".

Odilia Ulloa, especialista en sistemas de seguridad social en México y América Latina, y Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados durante la 59 Legislatura, refieren que en el documento Soporte del ingreso en la vejez del siglo XXI: una perspectiva internacional de los sistemas de pensiones y de sus reformas, publicado por el Banco Mundial en julio de 2005, Robert Holzmann y Richard Hinz aceptaban que las reformas tipo -como la aprobada hace dos semanas- no han resuelto ni resolverán los problemas de desigualdad entre los trabajadores al servicio del Estado.

Enfasis en aspectos demográficos

Los especialistas refieren que la nueva ley se funda en un diagnóstico incompleto y, por tanto, "sesgado en la situación y problemática de la seguridad social de los trabajadores del sector público. La dirección general del ISSSTE nunca presentó un documento formal sobre el instituto; sólo dio a conocer las versiones gráficas que ponen énfasis en los factores demográficos y epidemiológicos de la población derechohabiente, el deterioro de la relación cotizante-pensionado, el incremento de beneficios sin respaldo financiero, la ausencia de reservas, y el crecimiento del índice de precios de medicamentos".

En el caso del nuevo modelo de gestión de servicios médicos, conlleva riesgos porque amplía los convenios de subrogación a discreción de la junta de gobierno del instituto, porque las necesidades de salud de los derechohabientes se subsumen a la asignación presupuestal de las unidades de servicios médicos, en función de sus resultados, porque se cancela el mecanismo de financiamiento solidario entre trabajadores en activo y pensionados, y porque prevé la cancelación de servicios en caso de adeudos, en detrimento directo de los derechohabientes. El criterio rector de ese modelo es el equilibrio financiero.

"La pregunta es si el nuevo esquema financiero del seguro de salud y los 8 mil millones de pesos que aportará el gobierno por única vez garantizan atención adecuada. ¿Sí resuelve el déficit histórico del fondo médico, que sólo en 2006 se estimaba en 5 mil 305 millones de pesos? ¿Sí garantiza recursos para el abasto suficiente de medicamentos y materiales de curación, para atender el rezago tecnológico, infraestructura médica y equipos de laboratorio, y contratación de personal médico y paramédico?"

La ley establece un nuevo régimen financiero para el seguro de salud cuya prima total pasa de 13.50 a 14.97 por ciento del sueldo básico de cotización, es decir, un aumento de 1.47 por ciento; se incluye una cuota social a cargo del Estado equivalente a 13.9 por ciento del salario mínimo general vigente al 1 de julio de 1997, actualizado trimestralmente por el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que, según se estima, representará anualmente recursos adicionales por más de 6 mil millones de pesos.

Adicionalmente, el gobierno federal aportará por única vez 8 mil millones en tres años, para invertirlos en infraestructura hospitalaria, en abasto de medicamentos, en adquisición y mantenimiento de equipo, y en la contratación y profesionalización del personal médico y paramédico.

Uno de los problemas que acarrea la legislación promulgada hace ocho días se refiere al sistema financiero para el Seguro de Enfermedades y Maternidad, que en la reforma del IMSS de 1997 se basó en una disminución de las aportaciones obrero-patronales y en un aumento de casi siete veces la aportación del gobierno, más una cuota social gubernamental, como quedó asentado en el caso del ISSSTE.

"Entonces, se ofreció que se sanearía financieramente el Seguro de Enfermedades y Maternidad, se fortalecería su infraestructura, que la reducción de las cuotas incentivarían el empleo, habría equilibrio financiero y se generarían reservas. Nada de esto sucedió. En 2005, el IMSS reportó que el seguro estaba desfinanciado en casi 40 por ciento, y se requerían 52 mil 178 millones para abatir de forma inmediata el rezago acumulado de infraestructura y equipamiento".