Confiesan haber participado en protestas contra Bush
Altermundistas entregan una declaración autoinculpatoria
Sara Rubí González Alpuche, titular del juzgado séptimo de defensa social de Yucatán, recibió una inusual "declaración autoinculpatoria", con la cual un grupo de ciudadanos se "entregó" a las autoridades con la siguiente confesión: "Quienes suscribimos la presente venimos a declararnos culpables de participar en las diversas manifestaciones de repudio ante la presencia de George W. Bush en México. Enterados de que la principal inculpación contra los detenidos es haber participado en las manifestaciones y que continúan detenidos aunque no haya más indicios contra ellos que su presencia en dichas protestas o en la Plaza Grande de Mérida y sus inmediaciones, nos sentimos obligados a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre orden de aprehensión contra nosotros y seamos juzgados tal como se está haciendo contra las personas detenidas o contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan procesadas".
Los signatarios señalan a la jueza una salvedad: "Uno de los indicios contra los detenidos, el ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguros de que es una minucia que usted sabrá pasar por alto. Verdad es también que algunos de los suscritos estuvimos en la marcha aunque no llegamos a la Plaza Grande, pero confiamos en que usted también sabrá pasar por alto ese detalle, toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación ni expresaron su rechazo a la presencia de Bush".
Y adelantan vísperas: "Estamos enterados de que usted les ha formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha y el motivo de su malestar contra Bush, e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Bush es genocida. Esto, a nuestro juicio, revela que se está juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los ilícitos que ese día se cometieron".
A mayor abundamiento, los "autoacusados" citan una nota periodística del 23 de marzo donde González Alpuche sostenía que dejó libres "por falta de elementos" a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. "Quienes suscribimos la presente sí participamos, a diferencia de algunas personas que continúan detenidas sin derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio".
En otra declaración a la prensa, el 27 de marzo, la jueza expuso un dato que, dijo, llamó su atención: "casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron en que fueron por voluntad propia y que no conocen a los organizadores de la 'protesta pacífica'". El 28 de marzo, el Diario de Yucatán relataba que la jueza preguntó a la madre de uno de los detenidos si sabía que su hijo iba a la marcha contra Bush.
"A nuestro juicio, con esas expresiones usted no hace más que reiterar que considera delito o indicio de responsabilidad la participación en la protesta. Aprovechamos para preguntarle si el país atraviesa por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así le agradeceríamos nos informara, puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación de las ideas como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se ha juzgado a las personas detenidas."
Los autoacusados yucatecos se declaran "altermundistas, no globalifóbicos", culpables de "desear otro mundo y conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos elementales de la mayor parte de la población. Nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán. Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo, hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán".
A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención, consideran los firmantes, "puesto que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas ilegalmente e incomunicadas, situaciones que usted no valoró al dictar el auto de radicación, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incurre en discriminación y en responsabilidad por su calidad de servidora pública".
Así, con toda propiedad, Cristina Muñoz Menéndez,fray Tomás González, Martha Capetillo Pasos, Pedro Echeverría, Raúl Lugo Rodríguez, José Anastasio Euán, Silvia Chalé, Róger Aguilar, Luis Peniche Novelo, Gabriela Torres y Jorge Fernández solicitan, "respetuosamente", ser tenidos por "presentados" y que se ordene "de una buena vez" su detención.