Cuestionan abogadas las posturas de Calderón, de la CNDH y de la Sedena
"Inaceptables", las reacciones oficiales ante el caso de Ernestina Ascencio
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Indígenas de diversas regiones de Zongolica escuchan los testimonios de los hijos de la indígena Ernestina Ascencio, quien presuntamente fue violada por elementos del Ejército y murió víctima de los abusos
Foto: Marco Peláez
Abogadas consideraron "inaceptables" las reacciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del presidente Felipe Calderón, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, porque -advirtieron-, si prevalecen sus actuaciones "dejarán impunes la violencia sexual y la privación de la vida de la agraviada".
Las juristas Carmen Herrera, Pilar Noriega y Julia Suárez señalaron que a 36 días de que Ascencio Rosario fue hallada muerta, víctima de violación tumultuaria por miembros del 63 batallón de infantería de la zona militar de Lencero, Veracruz -según fue denunciado por familiares de la indígena, quienes afirmaron que en lengua náhuatl ella les dijo: "los militares se me vinieron encima"-, la única respuesta de las autoridades "es la negación a priori de que la anciana haya sido víctima de violencia sexual, atribuyendo su muerte a una gastritis".
Además, "ha habido omisión para investigar eficazmente los hechos y se ha descalificado su acusación -de que fue violada por militares- por la razón de que fue hecha en náhuatl y estaba moribunda, como dijo la titular del Inmujeres", subrayaron las abogadas.
Cuestionaron que a pesar de que no han concluido las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y la agencia del Ministerio Público regional en Ciudad Mendoza, Veracruz, "altas autoridades, entre ellas, la CNDH, el Ejecutivo, la Sedena y el Inmujeres ya han negado la violación".
Herrera, Noriega y Suárez sostuvieron que la actuación del gobierno federal y de la CNDH no sólo contraviene la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente a partir del 2 de febrero de este año, sino que además "su actuación podría constituir lo que el artículo 18 de esa norma denomina violencia institucional".
Esta, precisaron las juristas, se define como "los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".
Consideraron inaceptable que el Inmujeres, en lugar de cumplir sus funciones e investigar las causas, características y consecuencia de la violencia de que fue víctima Ascencio Rosario, y de difundir una cultura de respeto hacia los derechos femeninos, haga referencia a la lengua que hablaba la víctima y a que "estaba moribunda y balbuceaba; entonces se me quita la certeza (sic) de lo que dijo", además de que respalda lo que declaró el presidente Felipe Calderón, quien atribuyó la muerte a una "gastritis no atendida".
Igualmente, subrayaron, es reprobable la actuación de la CNDH, ya que en lugar de realizar una investigación seria y exhaustiva, ha emitido declaraciones que ponen en duda la denuncia por muerte violenta que hicieron los familiares de la víctima.