ONG exigen no solapar corrupción
Si las autoridades federales respaldan la decisión de Industrial Minera México de suspender el rescate de los cuerpos de los trabajadorees fallecidos en la explosión del yacimiento Pasta de Conchos, en Coahuila, "será evidente el nivel de solapamiento y corrupción que rodea la investigación".
Además, el gobierno incumpliría el compromiso que hizo al inicio de esta administración de vigilar que se rescaten los cuerpos de los trabajadores fallecidos, dictaminar las causas del accidente y fincar responsabilidades penales y laborales a ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y empleados de la empresa.
Organizaciones sindicales, de derechos humanos y no gubernamentales, así como el equipo de Pastoral Laboral, la Pastoral Obrera de Ciudad Juárez y el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, cuestionaron la decisión anunciada por Industrial Minera México.
Plantearon que, en todo caso, no corresponde a la compañía definir los riesgos de las tareas de rescate sin que exista antes un dictamen de las secretarías de Economía, del Trabajo, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que serían competentes para determinar cuáles son las condiciones que prevalecen en el yacimiento.
Sin embargo, al hacerlo de manera unilateral, la empresa demuestra que cree que todavía puede controlar y manipular las acciones, y que se siente respaldada por el gobierno para ello, señaló el sindicato minero. Advirtió que de ninguna manera va a aceptar la resolución de la compañía, porque son las autoridades, no los industriales, las que deben decidir e informar sobre el asunto.
Por su parte, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, la organización Espacio DESC, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Tequio Jurídico y otras organizaciones advirtieron que, en todo caso, si existe un supuesto riesgo ambiental es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente determinar si existen fuentes reales de contaminación.
Para el asesor jurídico de las familias de los mineros fallecidos, Manuel Fuentes, otra vez Industrial Minera México no está siguiendo los procedimientos legales e incurre en violaciones graves a las leyes naconales.
"Es evidente que la compañía pretende cerrar la mina para evitar que todas las evidencias en su contra aparezcan y se pueda deshacer más fácilmente de las responsabilidades que tiene con los familiares de los mineros muertos", subrayó el especialista.