Martínez Cázares intenta blindajes en 14 entidades
Buscará la SFP evitar uso de recursos federales en comicios
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Germán Martínez Cázares, acudirá a las 14 entidades del país que tendrán procesos electorales en 2007, con la finalidad de establecer un blindaje que permita evitar el uso de recursos públicos federales en los comicios locales.
El secretario acudirá en compañía de la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez González, y suscribirá con los gobernantes de los estados acuerdos de colaboración para fortalecer los mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales que se transfieren a las entidades para el combate a la pobreza y otros propósitos.
La participación de la SFP se centrará en vigilar la acción y rendición de cuentas de los funcionarios públicos federales, con el propósito de inhibir o prevenir conductas irregulares o desvío de recursos.
Cabe recordar que existen antecedentes de irregularidades, como ocurrió en 2002 con el desvío de al menos mil 300 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales por parte de Carmen Segura Rangel, entonces coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y actual diputada local del PAN.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, el próximo 12 de abril Martínez Cázares se reunirá con el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, para suscribir un convenio similar al que firmó la semana pasada con la gobernadora perredista de Zacatecas, Amalia García.
En dichos convenios se establecerán tres líneas de acción: primero, se consolidará un "moderno" sistema estatal de control integral, esencialmente preventivo, que oriente, acompañe y, de ser necesario, corrija el ejercicio de los recursos del erario, sin que se frenen los programas sociales.
Segundo, se establecerán "mejores prácticas de gobierno para enfrentar los riesgos de opacidad, los focos latentes de corrupción y las ineficiencias de las políticas públicas". Y tercero, se aumentará la eficacia de las políticas de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, con la finalidad de que la ciudadanía también pueda participar en dicho proceso de vigilancia.