Arquidiócesis de México pone en duda cifra sobre abortos clandestinos en el país

Dictamen definitivo sobre despenalización del aborto será presentado el 24 de abril

Calderón podría interponer acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, advierten

Raúl Llanos, Rocío González, Alma E. Muñoz, Emir Olivares y Jesús Aranda

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fijó como fecha fatal el próximo martes 24 de abril para presentar ante el pleno de los diputados el dictamen de reformas legales en materia de aborto para su discusión y votación definitiva.

En reunión privada, los integrantes de ese órgano de dirección de la ALDF -donde están representados todos los coordinadores de los grupos parlamentarios- avalaron que el jueves 12 de abril se reúnan las comisiones de Equidad y Género, Salud, y Administración y Procuración de Justicia para analizar el predictamen en el que se establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, independientemente de las causas.

Cinco días después, el 19, se votaría en esas comisiones el dictamen definitivo, y el 24 de abril se presentaría en la tribuna legislativa para su votación.

En este contexto, tanto la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, encabezada por Juan Bustos, como la fracción parlamentaria del PAN, organizaron su propio foro para debatir las modificaciones legales propuestas para ampliar una causal más de no punibilidad para las mujeres que recurran a la práctica del aborto, donde intervinieron especialistas en la materia y servidores públicos.

Al respecto, la Arquidiócesis de México puso en duda que en el país se practiquen más de 500 mil abortos clandestinos, como alegan organizaciones sociales y el mismo Consejo Nacional de Población. "Falso, la manipulación de las cifras es una gran deshonestidad en esta temática. Es prácticamente imposible que se realice tal número, pues equivaldría a uno por cada segundo durante los 365 días del año", aseguró.

A través de su periódico Desde la Fe, y como también ocurre en otras diócesis del país, la Arquidiócesis siguió argumentando el porqué no debe pasar la propuesta de despenalizar el aborto en el DF.

La interrupción del embarazo no es pecado

Por su parte, la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir (RNCJDD) señaló que 52 por ciento de los jóvenes a nivel nacional considera que el aborto no es un pecado, por lo que exhortó a la jerarquía eclesiástica a sensibilizarse ante la realidad que vive este sector de la población, sobre todo porque ésta práctica se realiza en condiciones inseguras y clandestinas, y están en riesgo la vida de miles de mujeres.

Aseguró que las cifras oficiales indican que de los 25 mil embarazos anuales en mujeres menores de 19 años, 10 por ciento termina en aborto, los cuales provocan altas tasas de mortalidad materna; por ello, solicitaron a los integrantes de la ALDF comprometerse con la vida de las mujeres y aprobar la iniciativa de ley que despenalizaría el aborto en esta ciudad.

Asimismo, convocó a los legisladores a que sigan comprometidos y congruentes con la libertad de conciencia, la defensa de la vida de las mujeres y con la laicidad del Estado, al no permitir que en este debate se introduzcan prejuicios morales.

En torno a este debate, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, reiteró al presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, que el Estado no aplicará sanción alguna al cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia por su participación en un congreso de Provida, porque "en ningún momento" se refirió al país, a los órganos del poder público del DF, a la polémica iniciativa mencionada, ni tampoco hizo referencia a las autoridades legislativas ni administrativas.

Además, precisó que como el prelado ya abandonó el país no procede aplicarle el artículo 33 constitucional, que da paso a la expulsión.

Por otra parte, fuentes judiciales comentaron que el gobierno de Felipe Calderón está en la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que la ALDF apruebe la despenalización del aborto a petición de la madre y antes de las 12 semanas de gestación.

Precisaron que sería a través de la PGR como el Ejecutivo federal haría uso de lo establecido en el artículo 105 constitucional que prevé la posible anulación de leyes locales que contravengan la carta magna.

Es decir, que aún cuando el PAN en la ALDF no juntara 22 firmas para impugnar ante la SCJN la posible aprobación de la reforma, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sí puede hacerlo con el argumento de que la Constitución defiende el derecho a la vida.